«Si hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer, probablemente sortearemos las turbulencias, que seguirá habiendo seguro», ha añadido Ocaña, tras asegurar que el rescate de Irlanda tendrá un coste cero inmediato para España, que actuaría simplemente como avalista de una parte del préstamo.

Para ganar confianza en los mercados, también apuntó la necesidad de llevar a cabo la reforma de las pensiones, que tardará «un par de lustros» en generar efectos reales sobre los ciudadanos, pero que supondrá un efecto directo en la confianza, según explicó.

En este sentido, el secretario de Estado ha admitido que el rebrote de las dudas en los mercados no supone una situación «cómoda» para nadie, aunque España está «lejísimos» de Irlanda y de Portugal, gracias a los «sacrificios» que ha hecho para demostrar su compromiso con la consolidación fiscal.

{destacado}En concreto, Ocaña adelantó que tanto las comunidades como la Administración Central cumplirán los objetivos de déficit al cierre de 2010 (5,9% en el caso del Estado y 3,1% en el caso de las comunidades), lo que supone algo «muy importante» porque ayudará a que los mercados puedan comprobar que España cumple lo prometido.

«No vamos a revisar cifras», garantizó Ocaña, tras mostrarse «muy satisfecho» por el cumplimiento de unos datos «tremendamente exigentes» que no se pueden «minusvalorar» porque son fruto de un «esfuerzo muy importante» por parte del conjunto del país.

Ocaña ha descartado también la posibilidad de que el déficit público cierre el 2011 por encima del 6% y ha garantizado que si se produce alguna desviación, el Gobierno hará «lo que sea necesario y lo que haga falta» para cumplir con los objetivos. «No es aceptable ninguna desviación», ha indicado.

Reducciones de gasto antes que subidas de impuestos

En este sentido, ha asegurado que una economía «débil» no invita a más subidas de impuestos que, además no están en la agenda del Gobierno, por lo que cualquier medida adicional para corregir una eventual desviación de los objetivos vendría por el lado del gasto, tal y como se está haciendo desde el pasado mes de mayo. «Es más razonable gastar menos», ha recalcado.

Aunque se vayan a cumplir los objetivos, ha admitido que el Estado va por delante en la tarea de reducir el déficit, mientras que en las comunidades aún «queda mucho por hacer». En este sentido, ha apostado por recortes de gasto en las comunidades en la parte del presupuesto que no dedican a gasto social, que supone alrededor del 30% del presupuesto y que se dedica a fundaciones, transferencias y empresas públicas, entre otras cosas, lo que supone un «objetivo obvio» en un contexto como el actual.

«Ahí claro que hay margen para recortar gasto», ha señalado Ocaña, quien además ha reconocido que puede ser necesario ir un poco más lejos y tener que racionalizar el 70% del gasto social destinado a sanidad, educación y servicios sociales. En este sentido, algunas comunidades han planteado medidas como el copago o el retraso de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, aunque él no ha querido dar recetas concretas. «No diré que hay una fórmula mágica que lo resuelve todo», ha añadido.

Reformar el impuesto de sociedades

Pese a que el Gobierno no contempla nuevas subidas de impuestos, Ocaña sí quiso abrir el debate de la necesidad de reformar el Impuesto sobre Sociedades, pero de forma «paulatina» y cuando la situación económica mejore. Así, dijo que no es una reforma que esté en la agenda del Gobierno y mucho menos en un contexto económico de dificultad como ahora, pero añadió que es preciso reformarlo en el futuro.

«Es un impuesto que hay que reformar de manera importante, haciendo cambios en su estructura fundamental porque hay deducciones que hacen que tengamos unos tipos nominales en línea con los de otros países europeos, pero los tipos efectivos son muy distintos en promedio con la UE», agregó Ocaña, tras insistir en que sería bueno que la reforma se consensuara con los grupos políticos.

Además, apuntó que la configuración actual del impuesto es «poco eficaz» y muchas veces «poco justa», dado que hay empresas que se aplican más deducciones que otras y, al final, el tipo efectivo que pagan puede ser «muy distinto» a pesar de tener beneficios similares. «Eso no es razonable», indicó.