La patronal CEOE-Cepyme y el sindicato UGT han respaldado este lunes el borrador sobre el acuerdo salarial alcanzado, que aconseja una subida salarial del 10%, repartida en tres años, con un incremento adicional máximo del 1% anual, en caso de que los precios superen la cifra anual pactada.

Las cúpulas de la empresarial CEOE-Cepyme y del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) han dado luz verde por unanimidad al V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva 2023-2025.

Este acuerdo aconseja una subida salarial del 4% en 2023; y del 3% tanto para 2024, como para 2025; con una cláusula de revisión de un punto adicional máximo, que se activará si los precios superan la subida pactada.

Así, en 2023, si el índice de precios de consumo (IPC) interanual de diciembre superara el 4% aconsejado, se activaría la cláusula por un máximo del 1% adicional, que empezaría a aplicarse en enero de 2024.

Del mismo modo, en 2024 y 2025, si el IPC concluyera por encima del 3% pactado, esta cláusula de revisión salarial se activaría, incrementando los salarios un máximo del 1%, a partir de enero de 2025 y 2026, respectivamente.

El incremento salarial pactado, no obstante, deberá adaptarse a las circunstancias de cada uno de los sectores o empresas donde se negocie un convenio colectivo; según se encarga de recordar el borrador del acuerdo, de 32 páginas, que contiene esta recomendación de alza salarial para el próximo trienio.

Una situación muy diversa en cuanto a resultados económicos, crecimiento e incidencia del salario mínimo interprofesional (SMI), según reza el documento consensuado por los agentes sociales, tras más de un año de discusión.

En 2022, del mismo modo, los sectores y empresas que tengan abiertas sus negociaciones de convenio colectivo tratarán de adaptarse a la situación del ámbito concreto para el cual se está negociando, aclara el documento, que mañana martes también ratificará la cúpula del sindicato Comisiones Obreras, según se espera.

Para UGT, el acuerdo permitirá un “reparto de la riqueza más equitativo” y contempla además “importantes avances” en cuanto al desarrollo de la reforma laboral.

Para CEOE, los agentes sociales han tenido “altura de miras y sentido de Estado” al firmar un acuerdo que dará “estabilidad a autónomos, empresas y trabajadores”, ha dicho hoy lunes el vicepresidente de esta organización y líder de los autónomos de ATA, Lorenzo Amor.

Desarrollo del fijo discontinuo

Además del alza salarial, el pacto incluye recomendaciones relativas a otros asuntos, como la contratación, los contratos del Estado y la gestión por parte de las Mutuas de la incapacidad temporal.

En materia de contratación, el pacto insta a los negociadores de convenios colectivos a desarrollar los contenidos que les reservó la última reforma laboral en lo relativo al despliegue del contrato fijo discontinuo.

Unas prerrogativas que en algunos sectores se han resuelto con la fijación de tiempos mínimos de trabajo en cómputo anual; indemnizaciones a los trabajadores en caso de ausencia de llamamiento por parte de las empresas y otras cuestiones.

Por otro lado, también en materia de contratación, el acuerdo atribuye al contrato indefinido a tiempo parcial la validez como herramienta de flexibilidad para las empresas; al tiempo que llama a utilizar también los contratos formativos y la formación dual, como instrumentos para ayudar a la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.

Ley de contratos del Estado

Asimismo, el acuerdo alcanzado insta al Gobierno a adaptar la legislación que regula la actividad de los contratistas de la Administración, a fin de que se puedan elevar los precios, en caso de episodios inflacionistas como el actual.

“Las personas trabajadoras y las empresas que participan en la contratación pública en los sectores intensivos en mano de obra no pueden ser de nuevo los paganos de una norma que impide de facto revisar precios y, con ello, salarios, incluso en situaciones extremas como las actuales”, insiste el documento.

Además, las partes se comprometen a analizar la evolución de las bajas médicas en caso de enfermedad común, a fin de lograr reducir la frecuencia y duración de estos procesos.

Para ello se abre la puerta a un papel más activo de las mutuas, aunque “sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud”, advierten.