El Banco de España recomienda, en su Informe Anual 2022, que las medidas de apoyo público para mitigar las consecuencias del repunte de la inflación en los hogares y empresas se concentren en los más vulnerables y se retiren de manera gradual, y que se inicie el proceso de consolidación fiscal ya este año.
La retirada de esas medidas en 2023 provocará un aumento de la inflación de 1,5 puntos en 2024, según cálculos del Banco de España.
«En el actual entorno de elevada inflación, resulta crucial que el tono de la política fiscal no sea incompatible con el endurecimiento de nuestra política monetaria», argumenta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
«En el corto plazo, el despliegue de los fondos europeos y de las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podría más que compensar la posible ralentización económica que se derivaría del comienzo de este proceso de consolidación fiscal», insiste el gobernador, que pide un cuadro macroeconómico prudente, involucrar al conjunto de las administraciones, un plan de medio plazo, en el que se detallen las medidas de ingresos y gastos públicos que garanticen la reducción gradual de los desequilibrios para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas e incrementar la credibilidad y la confianza en las políticas económicas.
«La deuda pública seguirá en niveles muy cercanos o incluso superiores a los actuales salvo que se implemente un plan de saneamiento presupuestario ambicioso», avisa.
El gasto debe ser más eficiente y equilibrado, dando prioridad a la educación y a la sanidad, que resultan fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades, y para mitigar el impacto del envejecimiento.
En ingresos se requiere una revisión integral del sistema tributario, con más peso para la imposición sobre el consumo, reducir el elevado gasto de los beneficios fiscales, elevar la fiscalidad medioambiental y aumentar el grado de coordinación y armonización internacional para afrontar la creciente digitalización y globalización. «Estas medidas podrían acompañarse de medidas compensatorias, que mitigaran sus potenciales efectos sobre los más vulnerables», defiende.
El PIB crecerá el 2%. frente al 1,6% estimado en marzo
Por otra parte, el Banco de España anticipa nueva revisión al alza de sus previsiones para el Producto Interior Bruto (PIB) español en 2023 desde el 1,6% estimado en marzo hasta cerca del 2%, debido al mejor comportamiento de economía en la primera parte del año pese al entorno de incertidumbre internacional. Esto supone acercarse a las estimaciones del Gobierno en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas, donde se proyecta un crecimiento de la economía este año del 2,1%.
La disminución de las presiones inflacionistas, la desaparición de las disrupciones en las cadenas productivas globales y el despliegue de los fondos europeos empujarán al PIB en 2023.
La subida histórica de tipos de interés que ha acometido el Banco Central Europeo (BCE) rebajarán el nivel de inflación de España en 1,9 puntos hasta 2025, pero también 3,1 puntos el PIB.
«Sobrecalentamiento» del empleo
El Banco de España detecta «algunos signos de sobrecalentamiento» en el mercado laboral español, como son el aumento de los puestos de trabajo vacantes y la escasez de demandantes de empleo en determinados sectores, pese a que el paro sigue en el 13%, frente al 7% de media en la Eurozona.
Esto indica un «elevado componente estructural», pues incluso durante la fase de «intenso crecimiento» que se experimentó de 2000 a 2007, la tasa de desempleo no bajó del 8%.
Por eso, insta a una revisión «exhaustiva» de las políticas activas y pasivas de empleo, para elevar las posibilidades de reengancharse al mercado laboral de las personas que han perdido su puesto de trabajo. Y propone cobrar el desempleo menos tiempo pero con una prestación de mayor cuantía, ya que haría más rápido volver al empleo.
Vivienda: «no hay fórmulas milagrosas»
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, avisa que los avales ICO para las hipotecas, no son «una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda», ya que se trata de un problema «estructural». «No hay ninguna solución que lo resuelva de manera inmediata», recalca.
El informe del Banco de España subraya que «un elevado porcentaje de vivienda en propiedad tiende a reducir la desigualdad de la riqueza», pero también que «la residencia en viviendas de alquiler es relativamente mayor en los trabajadores asalariados sin contratos a tiempo completo y entre los desempleados».
Y avisa que un 48,9% de los hogares españoles que residían en viviendas de alquiler se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, el porcentaje más elevado de la Unión Europea (UE), y que un 40,9% dedicaba más del 40% de su renta disponible a la vivienda, frente a un 21,2% en el promedio de la UE.
En este sentido, aplaude la Ley por el Derecho a la Vivienda por su «énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler», aunque cuestiona algunas medidas, como el control de rentas, que «podría generar efectos indeseados a medio plazo».
Pensiones: harán falta más medidas
Pablo Hernández de Cos avisa que «será necesario» adoptar nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a partir de 2025, ya que «deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos».
El aumento de la base máxima de cotización por encima del IPC y la cuota de solidaridad sobre los salarios que superen la base máxima elevarían los ingresos por cotizaciones sociales en 0,5 puntos del PIB en 2050, frente a los 0,6 puntos estimados por el Gobierno.
«Bajo el supuesto de una inflación del 2%, el incremento real de la base máxima alcanzaría el 22% en 2040 y el 37,1% en 2050, mientras que el recargo sobre los salarios más altos variaría entre un mínimo del 0,92% en 2025 y un máximo del 7% en 2045», señala el Informe Anual del Banco de España.
Aunque estas medidas suponen un fortalecimiento de los recursos del sistema de pensiones, «también reducen la contributividad del sistema para los trabajadores afectados por el tope de cotización».
El Banco de España calcula que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales puede generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%, con su correspondiente impacto en los ingresos por cotizaciones.
También pide un análisis de los incentivos para retrasar la jubilación, ya que son «la principal palanca de contención del gasto en pensiones en el futuro».
La subida de las pensiones mínimas contemplada en la última reforma supondrá un alza del gasto de 0,2 puntos del PIB.
En cuanto a la ampliación progresiva del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 29 años, el Banco de España señala que, cuando esta medida esté completamente desplegada a partir de 2044, podría suponer un aumento de la pensión inicial media del 0,3% con respecto a la fórmula actual.
Cargando...
Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.