Francia y España han promulgado este año reformas de sus sistemas de
pensiones para dotarlos de una base financiera más sólida e incentivar
el empleo, pero persisten las dudas sobre su sostenibilidad a largo
plazo y su impacto en la economía, dadas sus tendencias demográficas
similares.
Una de las diferencias es que el Gobierno español ha logrado un
consenso sobre los cambios en las pensiones, mientras que el Ejecutivo
francés no ha conseguido una mayoría parlamentaria absoluta para
respaldar sus reformas, a las que se oponían los sindicatos y que han
provocado protestas y huelgas masivas.
El contenido de las reformas también es diferente. Francia
(AA/Estable) pretende reequilibrar su sistema de pensiones aumentando
la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y exigiendo cotizaciones
más largas para una pensión completa. En cambio, España (A-/Estable),
cuya edad legal de jubilación aumentará a unos 67 años en 2027, se
centra en el aumento de las contribuciones de las empresas y los
trabajadores más jóvenes, incluidos cálculos alternativos de las
cuantías de las pensiones y un aumento del impuesto del Mecanismo de
Equidad Intergeneracional (MIE).
Sin embargo, el reto es fundamentalmente similar: hacer frente al
inevitable aumento del coste de proporcionar ingresos de jubilación en
países con sistemas de pensiones financiados con impuestos en los que
la diferencia entre la proporción de adultos en edad de trabajar y de
jubilarse es cada vez mayor (Gráfico 1).
Las reformas en ambos países sólo representan un incremento de las
mejoras globales, incrementando la presión fiscal a largo plazo en el
caso de España y teniendo sólo un impacto marginal en el caso de
Francia, mientras que no ofrecen ninguna solución inmediata al
problema del subempleo crónico de los miembros de más edad de la
población activa – de ahí la necesidad de reformas más profundas.
Elevado desempleo antes de la jubilación
Francia y España tienen poblaciones envejecidas y tasas de natalidad
por debajo del nivel de reemplazo, aunque la intensidad de las
presiones difiere. En España, la población envejece rápidamente,
mientras que la tasa de fecundidad es una de las más bajas de Europa,
lo que provoca una disminución de la mano de obra y un aumento de la
población de edad avanzada, de ahí la presión sobre el sistema de
pensiones, que es deficitario. En cambio, el envejecimiento de la
población en Francia es más gradual, debido sobre todo a una tasa de
fecundidad más elevada.
Francia y España destacan por sus bajísimos niveles de empleo entre
los trabajadores de más edad. En 2021, las tasas de empleo de los
trabajadores de entre 55 y 64 años se situaban por debajo del 56% en
ambos países, frente a una media de alrededor del 61% en la eurozona.
La prioridad de España en su reforma de las pensiones era beneficiar a
los más vulnerables, como los que tienen carreras profesionales
irregulares, y evitar recortes en las pensiones de los jóvenes
mediante un aumento progresivo del tope máximo de las cotizaciones y
la creación de una cuota de solidaridad. Las reformas incluyen un
cálculo alternativo para el pago de las pensiones que amplía el
cómputo a 29 años de trabajo, descartando los 24 meses peor pagados.
Estas medidas exigen un aumento significativo del gasto en pensiones
en las próximas décadas sin aumentar los ingresos por cotizaciones, a
pesar de algunas medidas compensatorias: congelación de las pensiones
máximas, incentivos para retrasar la jubilación, introducción de una
tasa de solidaridad y duplicación del tipo impositivo del IEM hasta el
1,2% en 2029.
Aumenta el déficit de las pensiones en España; dudas sobre la
eliminación del de Francia
El gasto público total de España en pensiones aumentará de forma
constante tras esta reforma hasta alcanzar el 16,2% del PIB en 2050,
desde el 13,6% del PIB en 2021, según un informe de la AIReF. En el
mismo periodo, el déficit estructural del sistema de pensiones
aumentará en torno a 1,1 puntos porcentuales del PIB, por encima de
las estimaciones del Gobierno de un incremento más benigno de 0,3
puntos porcentuales. El aumento de las cotizaciones sociales recae
sobre todo en las empresas, lo que a su vez puede lastrar la creación
de empleo y el crecimiento salarial.
En Francia, la reforma recientemente adoptada podría ser insuficiente
para colmar el déficit de financiación del sistema de pensiones, según
recientes estimaciones del grupo de expertos Rexecode, que consideran
demasiado optimistas las previsiones del Gobierno. Las ganancias
fiscales netas resultantes, de un moderado 0,6% del PIB de aquí a
2030, dejarían al sistema de pensiones con un déficit de alrededor del
0,2-0,6% del PIB. Las exenciones han diluido el impacto de la
prolongación de la edad de jubilación, por lo que la mayor parte de
las ganancias procederían de un aumento de los ingresos fiscales
basado en las hipótesis de un mayor crecimiento a medio plazo y un
aumento del empleo.
Aunque vemos menos urgencia fiscal para nuevas reformas de las
pensiones en Francia que en España, la cuestión es si la falta de
consenso político sobre las que acaban de promulgarse frenará los
intentos del Gobierno francés de otras reformas estructurales – y si
España puede aprovechar aún más su consenso para alargar su sistema de
pensiones.
Jakob Suwalski, director de calificaciones soberanas de Scope Ratings, y Brian Marly, analista de calificaciones soberanas
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