No han ahorrado adjetivos: «alocada y confusa; invasiva, intrusa (epíteto que se repite en dos ocasiones) y desequilibrante; intervencionista y desenfocada (como intrusa, aparece dos veces); alarmante para la inversión; desincentivadora; de efectos contrarios; impositiva y recaudadora; elude responsabilidades pasadas; inoportuno mezclar conceptos; cobarde e irresponsable; independiente, ignorante y sórdida; interesada políticamente; mutable y juguete; inoperante e incompetente; desafiante y posiblemente inconstitucional; precipitada en exceso; sin consenso».

Son las conclusiones de un informe del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) sobre la nueva Ley de Vivienda, descrita como un «collage de torpezas cortoplacistas» por su presidente y el del Coapi de Barcelona, Gerard Duelo Ferrer, en una valoración en la que han intervenido también el experto en políticas públicas de vivienda, Carles Sala, y los asesores jurídicos del Consejo General, Montserrat Junyent y José Merino.

Para los agentes de la propiedad, a ley interviene en los precios del alquiler intentando establecer un control de rentas, lo que afecta a los derechos constitucionales y perjudica «gravemente» a los propietarios.

Estos profesionales avisan que limitar el precio del alquiler es una medida que «ahuyentará» a los grandes inversores internacionales y que es «coercitiva» frente a los promotores e inversores inmobiliarios.