Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán este martes 23 de mayo con el Ministerio la subida de 450 euros al mes que han pactado tras cinco reuniones y una amenaza de huelga, mientras los funcionarios de Justicia esperan que el Ministerio les llame para reanudar las negociaciones que se vieron frustradas el pasado 24 de abril y poner fin al parón que mantienen desde hace un mes.

La firma tendrá lugar después de que el pasado jueves 18 de mayo todas las asociaciones –salvo la mayoritaria de jueces– aceptara la oferta de 46,7 millones€ para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. El viernes 19, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se desmarcó oficialmente del pacto y anunció que no apoyaría el acuerdo al considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable», pero no ha precisado si se plantea o no ir a huelga.

El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la han desconvocado tras acceder a la oferta del Ministerio. La APM la dejó en suspenso.

Será la primera vez que se firme un pacto en el marco de la Mesa de Retribuciones que represente un «aumento real» porque, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta ahora no lo había hecho.

El acuerdo se ha alcanzado tras cuatro reuniones fallidas toda vez que las asociaciones rechazaron en dos ocasiones anteriores las opciones que el Ministerio  puso sobre la mesa. Primero dijeron que no a una propuesta económica de 44 millones. Luego descartaron firmar una oferta por 46,7 millones de euros. Fue el pasado 16 de mayo cuando el Ministerio les ofreció una tercera propuesta que, aunque no mejoraba el importe sí incluía otra serie de puntos que el 18 de mayo terminaron por convencer a seis de las asociaciones.

El acuerdo que se ha alcanzado incluye una partida de 46,7 millones que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447€ en 12 pagas. Este incremento representa una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos. Y se abona nen tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que la oferta incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la «suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización».

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio planteó «abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión».

Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un «nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado». «A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual.

Y se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y «un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024», según explicó el Ministerio. Sin embargo, cuatro de las seis asociaciones que han accedido a firmar han subrayado que dicho incremento es «insuficiente en el marco de 563 plazas vacantes, 293 juzgados de nueva creación solicitados por el CGPJ y las jubilaciones que se avecinan».

Sin solución al conflicto de los funcionarios de Justicia

Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece sin resolver el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el 17 de abril y que esta semana han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.

El comité de huelga –integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT– exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.

El secretario de Estado, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, ha traslado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Pero es probable que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, ya que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.

Los funcionarios se manifestarán el martes 23 de mayo frente al Congreso, a las 12.00 horas, dado que no les han autorizado la concentración frente a la sede nacional del PSOE. El jueves marcharán hasta la Secretaría de Función Pública, también en Madrid