El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes el llamado Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2023 (PAFED). Se trata de la referencia anual que el ministerio elabora junto a las comunidades autónomas, hasta ahora llamado Plan Anual del Política de Empleo (PAPE), y mediante el cual, además de repartir fondos, el Estado trata de coordinar sus dispersas políticas en materia de incentivos al empleo.

Este año el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destina la friolera de 6.400 millones de euros a tratar de mejorar la complicada maquinaria con la que la Administración trata de acortar el paso por el desempleo de las personas que han perdido o no encuentran un trabajo.

Por lo pronto, el tradicional PAPE recibe este año un cambio de denominación, y pasa a denominarse Plan Anual de Fomento del Empleo Digno. Una lluvia de millones, aprobada hoy en Consejo de Ministros, siquiera parcialmente, pues de los casi 6.400 millones de euros se han distribuido ya a las comunidades autónomas – que son las que tienen las competencias en este sentido – cerca de 2.600 millones de euros el pasado 28 de abril durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Un cambio de denominación que en realidad dedica el grueso de sus fondos, como siempre, a programas de formación e incentivos al empleo; concretamente, 1.075 millones en el primer caso, y 1.425, en el segundo; lo que suman esos 2.600 millones – un 6,5% más que en 2022 – a lo que se añaden 232 millones adicionales, procedentes del Plan de Recuperación frente a la Covid, según dio a conocer aquella Conferencia Sectorial.

Cursos para parados de larga duración

La principal novedad del Plan aprobado hoy radica en los más de 633 millones de euros que el Estado dedicará a formar a parados de larga duración en programas denominados de alternancia en el empleo; esto es, aquellos en los que los participantes reciben algún salario durante una parte del curso, de contenido práctico.

También dedicará atención prioritaria a grupos compuestos por personas con discapacidad, mujeres víctimas de la violencia y a quienes tienen cargas familiares, detalla hoy el Gobierno.

Además, el plan trata de solventar una queja tradicional de las comunidades autónomas, que vienen años denunciando que la burocracia les impide financiar programas plurianuales; aquellos que tienen lugar durante varios ejercicios, y que por este motivo, el Estado pone trabas para financiar. Ahora, en cambio, se asegura a las comunidades el 70% de la financiación recibida este año para sufragar servicios ya en 2024. “Esto permite configurar planes plurianuales de ejecución sin demoras”, apunta el ministerio de Trabajo.

Además de los citados, la distribución principal de fondos irá a financiar los contratos de 3.000 orientadores en los servicios públicos de empleo con 83 millones de euros; y a sufragar programas de formación sobre la negociación de convenios colectivos, con 10 millones de euros.

También se destinarán 30 millones de euros a tratar de suavizar el efecto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en los centros especiales de empleo, que dan trabajo a personas con discapacidad “severa”, y que recibirán en forma de subvención el 55% del importe de dicho SMI, cinco puntos más que en ocasiones anteriores, detalló el Gobierno.

De los casi 2.600 millones ya repartidos, unos 1.425 se irán a programas de empleo y formación organizados por las comunidades; otros 440 millones a los cursos de formación para el empleo de ocupados y desempleados, también gestionados por las autonomías; y otros 75 millones a modernizar los servicios públicos de empleo; además de los citados 633 millones en programas de formación en alternancia para desempleados de larga duración.

De ese montante, Andalucía, con más de 420 millones de euros; Cataluña, con casi 410 millones; y Madrid, con más de 340 millones son las comunidades que recibirán más fondos.

También se pondrá un especial acento en la prevención de riesgos laborales, materia que recibe fondos por primera vez de una Conferencia Sectorial; así como en otros asuntos, como igualdad de género y en la evaluación de resultados.