El presidente de Repsol, Antonio Brufau, afirma en la junta general de accionistas que la transición energética representa una “enorme oportunidad” para el grupo, con planes de transformación de los complejos industriales para producir combustibles renovables, junto a los convencionales, el negocio de generación renovable −con un objetivo de capacidad instalada de 6 GW en 2025 y 20 GW en 2030−, la eficiencia energética y el despliegue de proyectos de hidrógeno renovable.

“Haremos de Repsol una empresa cada vez mejor, adaptada a los requerimientos de la sociedad, más rentable, a la vanguardia en innovación y ambiciosa en sus objetivos”,
subraya.

Pero avisa que “como sociedad, nuestro reto es transformar nuestra forma de crecer, nuestra economía y nuestra industria para alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero sin perder el liderazgo tecnológico-industrial”. Y que “la descarbonización exige bases tecnológicas e industriales sólidas, exentas de ideologías y dogmatismos, y un marco regulatorio estable que incentive las inversiones para no perder competitividad”.

En ese sentido, la estrategia regulatoria de Europa carece de planificación, lo que compromete la seguridad de suministro y la asequibilidad de la energía, porque fomenta la reducción de emisiones a costa de perder tejido industrial y competitividad, ya que una parte de las emisiones que se reducen en la Unión
Europea se exportan a otros países que asumen esta producción industrial. “Es imprescindible que Europa cambie la manera de construir las cadenas de valor y suministro para no depender en la transición energética aún más de China o Rusia”, advierte.

Además, la Unión Europea importa el 55% de la energía que consume, mientras Estados Unidos es un exportador neto.

“En un mundo nuevamente bipolar, la tecnología determinará el papel de Europa, que no puede renunciar a su industria, motor de riqueza, bienestar y empleo de calidad”, insiste.

“La transición tiene que servir para fortalecer nuestro sistema tecnológico y nuestro tejido industrial”, recalca. “Los ciudadanos tienen derecho a decidir qué consumir y cómo hacerlo, siempre con el objetivo de la descarbonización, pero cubriendo sus necesidades energéticas a precios asequibles”, subraya.

«Repsol está preparada para el futuro»

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, subraya que el grupo avanza en su ambición de liderar la transición energética y cumplir las metas de crecimiento, diversificación y foco en la multienergía, asegurando la rentabilidad y el máximo valor para el accionista, con una política financiera prudente y en un entorno volátil.

“Repsol está preparada para el futuro, con un negocio industrial de prestigio mundial, pionero en la transformación de sus activos, comprometida con el desarrollo de un tejido industrial sostenible, con el impulso de la eficiencia energética, el mantenimiento y generación del empleo y la aportación de valor a la sociedad”, apunta.

Imaz destaca los 5.000 millones que va a invertir en la transformación de
sus negocios, un 35% ligados a proyectos bajos en carbono.

Y resalta que la retribución a los accionistas se encuentra “entre las más atractivas de la Bolsa española y del sector”, con un dividendo en efectivo de 0,63€ por acción y una reducción del capital social de 200 millones de acciones: “Seguiremos ofreciendo una retribución competitiva y atractiva, por encima de los compromisos establecidos en el Plan Estratégico, incrementando el valor para los accionistas”.

En 2023, el dividendo en efectivo aumentará un 11%, hasta 0,70€ por acción, con lo que se adelanta un año el objetivo previsto en la estrategia de la compañía a 2025. Adicionalmente, esa remuneración se complementará con programas de recompra de acciones, destinando al accionista un 30% de la caja operativa generada.

El consejero delegado de Repsol ha señalado que la compañía tiene la “oportunidad y la responsabilidad” en un momento en el que el mundo necesita más energía y a un precio competitivo, de mantener “un compromiso claro, produciendo aquello que la sociedad requiere”. “Tenemos que descarbonizar. Tenemos un compromiso firme en esta línea. Pero no es ni puede ser el único objetivo. Debemos poner mucho foco también en la seguridad de suministro, en definitiva, energía para todos, así como energía asequible, a precios competitivos. Éste es nuestro compromiso”, subraya.

Entre otras propuestas, la Junta ha aprobado un dividendo complementario de 0,35€ brutos por acción −con cargo a los beneficios del ejercicio 2022− que se abonará el próximo 6 de julio, y que se sumará a la retribución pagada en enero de este año. Con ello, el dividendo en efectivo aumentará un 11%, hasta los 0,7€ brutos por acción, frente al ejercicio anterior. Los accionistas también han dado el visto bueno al reparto de otros 0,375€ brutos por acción con cargo a reservas libres, asimilable al
tradicional pago a cuenta del ejercicio 2023, cuya distribución está prevista a lo largo del mes de enero de 2024, en la fecha que concrete el Consejo de Administración.

La Junta General de Accionistas también ha aprobado una reducción del capital social, mediante amortización de 50 millones de acciones propias y la delegación en el Consejo de Administración o, por sustitución, en la Comisión Delegada o el Consejero Delegado, de la facultad de ejecutar reducciones de capital adicionales hasta un máximo de 132.739.605 acciones propias, equivalente al 10% del capital social, para tener una mayor flexibilidad a la hora de llevar a cabo amortizaciones.

La Junta General de Accionistas ha votado a favor de la reelección como consejeros de Antonio Brufau, Josu Jon Imaz, Aránzazu Estefanía, María Teresa García-Milá, Henri Philippe Reichstul y John Robinson West, y de la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Manuel Manrique. Además, los accionistas han apoyado el nombramiento como consejera de María del Pino Velázquez.