Con 3.000 efectivos –unos 2.200 inspectores y subinspectores– la Inspección de Trabajo debe atender una montaña de trabajo generada por más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que trabajan en 1,4 millones de empresas, sin olvidar a 10 millones de pensionistas. Un abismo de papeles, denuncias y problemas para cuya solución hace dos años se pactó incorporar nuevos efectivos. Sin embargo, hoy, a menos de una semana de las elecciones municipales y autonómicas, el refuerzo de la Inspección de Trabajo tensa las relaciones de la coalición de Gobierno.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o más concretamente, fuentes de su equipo –la parte ‘morada’ de la coalición– han acusado a la socialista María Jesús Montero, al frente de Hacienda, de postergar la solución de los problemas de los ministerios que dirige Unidas Podemos, a fin de perjudicar los intereses electorales de este último partido en los comicios del próximo domingo.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha tratado hoy de mediar en esta situación, que añade una pieza más al mosaico de conflictividad laboral que debe afrontar la coalición de Gobierno PSOE–Unidas Podemos en el tramo final de la legislatura; con sendas convocatorias de huelga de letrados, jueces y fiscales, que efectivamente se solventaron a golpe de cheque por parte del ministerio de Hacienda.

Escrivá – parte socialista – ha pedido a los sindicatos y muy especialmente a su compañera de gabinete, Yolanda Díaz, que atempere sus críticas al ministerio de Hacienda por obstaculizar la contratación de 781 efectivos, comprometida con los sindicatos en 2021, para la Inspección.

Los sindicatos señalan a Montero

Sin embargo, pese a la petición de Escrivá, los sindicatos han apuntado hoy a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, en una concentración de protesta, donde además de exigir la contratación de los refuerzos, han recordado que irán a la huelga el próximo 26 de junio, y no pararán hasta que la Inspección engrose su plantilla y permita acometer las funciones de ‘policía laboral’ que le encomienda la ley, han dicho los sindicatos convocantes de la protesta hoy ante la Dirección General de la Función Pública en Madrid; esto es, CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess.

La amenaza de los sindicatos llega después de que ayer, miércoles, les reuniera el ‘número dos’ de Yolanda Díaz al frente del ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para comunicarles que Hacienda paraliza la contratación de los inspectores, subinspectores y personal de apoyo, para eludir así “reivindicaciones en cadena en otros ámbitos de la Administración General del Estado”.

Una versión que el ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero – que es quien debe autorizar el gasto – niega, afirmando que las conversaciones con Trabajo transcurren “con normalidad” a fin de ampliar la plantilla de la Inspección.

Argumentan desde Hacienda que ellos han autorizado un incremento de 781 efectivos, entre inspectores y subinspectores, e incluso un pago extra de seis millones de euros destinado a premiar la productividad extraordinaria. Además, añaden, se remiten a la ley de Función Pública, en trámite en el Congreso, donde se establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado.

Sin embargo, las explicaciones de Hacienda no convencen a lo sindicatos, que piden la incorporación “urgente” de 500 efectivos y la entrada progresiva del resto de personal comprometido en el pacto de julio de 2021.

“Los ciudadanos se merecen una Inspección de Trabajo que defienda sus derechos laborales como debe ser, no una Inspección de Trabajo en servicios mínimos constantemente”, ha dicho el líder de CSIF en el cuerpo, Miguel Ángel Montero; en tanto que, para CCOO, el refuerzo comprometido “responde al propio diagnóstico del Ministerio de Trabajo para dar salida a los déficit que existen”, ha dicho hoy jueves su responsable en la Administración General del Estado, Josetxo Gandara.