La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha criticado algunos de los aspectos del actual sistema de planes de pensiones de empleo, pero ha anunciado que la asociació empresarial del seguro trabaja en una guía para empresas que quieran implantarlos.

«Aunque el sistema adolezca, cuando menos a nuestro parecer, de regulaciones claramente mejorables, ello no significa que el sector asegurador permanezca ajeno a la creación de planes de empleo simplificados ni que, de hecho, se haya desentendido de su desarrollo», afirma en el ‘XII Fórum sobre previsión colectiva’, organizado por BBVA Seguros.

Unespa está trabajando desde comienzos de año en una ‘Guía práctica para el diseño e implantación de planes de pensiones de empleo’, una iniciativa en la que está aliada con CEOE y Cepyme y que espera que sea un «documento útil» para los sectores a la hora de abordar el proceso.

Las principales críticas que ha realizado Mirenchu de Valle han girado en torno a los incentivos que se contemplan para impulsar estos planes entre los empresarios. Así, ha sostenido que lo que «debería encontrarse» el empresario que quiera implantarlos es que las contribuciones que realice «no coticen a la Seguridad Social», como sucedía hasta 2012.

Además, cree que el «verdadero pivote del incentivo al empresario», que es la deducción en su impuesto del 10% de las contribuciones, «debería mejorarse», revisando el tope de 27.000€ de renta, una cuantía «vigente desde hace casi 20 años» y, por lo tanto, sin revisarse con la inflación.

Además, ha indicado que en 2027, según marca la ley que regula los planes de pensiones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizará una evaluación sobre los incentivos establecidos para asalariados, autónomos y empresas.

«Personalmente, considero que la valoración que realizará la AIReF en 2027 debería abordar un análisis que, en todo caso, sería deseable que se hiciese antes. Me refiero al análisis de la eficiencia del sistema diseñado en la ley de subvención condicionada del ahorro», un sistema conocido también como ‘matching contribution’.

En la actualidad, con la subvención condicionada permitida por la ley, un trabajador puede completar la aportación de su empresario en hasta dos veces y media la aportación de éste. «Esto es para algunos casos nada más, porque por lo general la capacidad del trabajador se limita a aportar lo que aporta su empleador», señala.

Actualmente, las aportaciones de los empleadores serían de unos 500€ como media, «con lo que los trabajadores pueden acumular aportaciones, en el mejor de los casos, de 5.750 euros anuales, en lugar del tope de 8.500 euros que fija la legislación», ha defendido.

La ley «puede haberse quedado corta, incluso doblemente corta», ya que no solo establecería un esquema de subvención condiciona que pone «muy difícil» cumplir con los objetivos de ahorro, sino que faltarían los «adecuados incentivos» al empresario para establecer y mejorar esos entornos de subvención.

«El segundo pilar está llamado a tener un protagonismo crucial. Pero entender que el sistema de empleo tiene que ser protagonista de la previsión es entender que el empresario ha de ser protagonista de la previsión. Un sistema de empleo es imposible sin empresarios con capacidad y deseo de generar esos procesos de previsión colectiva en sus empresas», argumenta.

Pide que no se trate como «vasos comunicantes» al pilar individual y colectivo, sino como diferentes versiones de la misma realidad y que, por ello, «lejos de incentivar uno y otro, lo que hay que hacer es incentivar los dos».

También ha indicado que el ahorro colectivo «tarda en madurar», puesto que tiene que pasar por la negociación colectiva, que tiene «sus propio ritmos y calendario». De esta forma, ha considerado que algo que podría prever la norma es la posibilidad de que el trabajador pueda comenzar las aportaciones a través del ahorro individual mientras que la negociación colectiva –ya sea en la empresa o en el sector– no lo genere, y aunque con posterioridad el empleado pueda integrar en el plan colectivo, beneficiándose de los límites de este.

La presidenta de Unespa reclama que los límites de reducción existentes en su día para el ahorro individual se recuperen o, al menos, se fijen un importe similar al que hay en los territorios forales y que, en este proceso de recuperar los límites, se resuelva «algún defecto técnico» como que los rendimientos financieros de la provisión que el ahorrador tiene constituida tributen como renta de trabajo.

También ha solicitado que la normativa «de todo tipo», ya sea la que afecte al ahorro individual o colectivo, fomente el cobro de las prestaciones en forma de renta vitalicia.

La ya expresidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha indicado que el sistema de bienestar se enfrenta a cuatro problemas: las tensiones demográficas, que la tasa interna de rendimiento de las pensiones de reparto es «difícilmente compatible» con la evolución del PIB, y la evolución de los primeros años del siglo XXI, especialmente desde la crisis de 2008, que «desde muchos puntos de vista no se puede decir que se haya superado».