Valentín Pich, Santiago Durán y Salvador Marín (en la pantalla, Patrick de Cambourg).

Una vez concluido el trámite de audiencia pública del Anteproyecto de Ley por el que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) –por la que se traspondrá la nueva Directiva sobre Sostenibilidad al ordenamiento jurídico español–, el Consejo General de Economistas ha celebrado el segundo de los cuatro “Encuentros sobre sostenibilidad” previstos paar este año.

Han intervenido Valentín Pich, presidente del Consejo; Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Patrick de Cambourg, presidente del Consejo de Información en Materia de Sostenibilidad del EFRAG (EFRAG SRB), Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo; Ana Manzano, subdirectora General de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC; Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables, y Emilio Álvarez, presidente de Economistas Auditores.

La Ley 11/2018, por la que se traspuso la Directiva Europea de 2014, introdujo la obligación de la elaboración de un Estado de Información No Financiera o en materia de sostenibilidad para empresas de determinada dimensión (grandes empresas de interés público o con más de 500 empleados, y a partir de 2021 a empresas con más de 250 empleados y/o 40 millones€ en facturación y/o 20 millones en activos totales). La Directiva UE 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022) ha ampliado esta obligación a pymes que cotizan en Bolsa. En estos momentos se está tramitando en España la trasposición de esta nueva Directiva al ordenamiento jurídico español.

Valentín Pich señala que “las pymes no están dentro de los sujetos obligados por la Directiva –salvo las cotizadas–; no obstante, aquellas pymes que sean parte de la cadena de valor de una empresa grande obligada sí se verán afectadas de forma indirecta por estos nuevos estándares, ya que la Directiva establece que la información sobre sostenibilidad de las compañías obligadas debe incluir los datos correspondientes a sus integrantes de la denominada cadena de valor”.

Y pide al Gobierno que “el Proyecto de Ley que próximamente será aprobado en Consejo de ministros contemple una aplicación proporcional de la norma para este tipo de pymes, al objeto de que solo tengan que reportar a las empresas para las que trabajan sobre aquellos aspectos en materia de sostenibilidad que sean realmente relevantes”. 

Salvador Marín destaca que «tenemos una obligación de hacerles fácil a las pymes y otras entidades e instituciones de menor tamaño con diferentes formas societarias la transición a esta nueva cultura de la sostenibilidad», porque «podría darse la paradoja que aquello que puede hacer más competitivo a una pyme o más eficiente y útil a una fundación y asociación, que es sin duda el aplicar los criterios ESG, se convierta en el momento de su información en una traba adicional imposible de aplicar y desarrollar que los lleve a la pérdida de competitividad y a una situación insostenible en el corto plazo”.