El anuncio de adelanto de elecciones generales realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes Generales impedirá la tramitación y aprobación definitiva del proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero.

El proyecto de ley se aprobó este mes en el Pleno del Congreso con una holgada mayoría y fue enviado al Senado para rematar su tramitación, pero eso ya no será posible por la disolución de las Cámaras.

Pero no es este el único proyecto de ley paralizado por la disolución de Cortes. Son también los casos de la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública, y de la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos.

Esto sucede también con aquellos decretos que aunque entraron en vigor se aceptaron tramitar después como proyectos de ley, con la intención de poder incluir enmiendas al articulado: la reforma del sistema de pensiones, los decretos anticrisis, el Plan ‘+ Seguridad para tu energía’, de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar; el nuevo sistema de cotización para autónomos.

El Gobierno tenía previsto aprobar «de inmediato» la Ley de Industria en Consejo de Ministros para su posterior envío a la Cámara Baja.

La prórroga de la ‘excepción ibérica’ en el gas y la Ley de Vivienda son las últimas leyes aprobadas en esta legislatura.

En el caso de la Ley de Vivienda, la puesta en marcha de esta norma, como es el caso de la definición de grandes tenedores de vivienda, depende en buena medida de las comunidades autónomas. Y ahora muchas de ellas están controladas por el PP, que se opone a esta norma.

En cambio, la La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recoge la regularización extraordinaria de unos 446.000 migrantes residentes en España no decae tras la convocatoria de elecciones, ya que estas propuestas populares no caducan.

La nueva selectividad, en el aire

La implantación de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que estaba prevista para el curso 2023-2024 para, tras un periodo de transitoriedad, estar definitivamente implantada en junio de 2028, está en el aire después de la convocatoria anticipada de elecciones generales y la disolución de las Cortes.

Esta decisión de Pedro Sánchez afecta también a las leyes del Cine y de Mecenazgo, que ya habían comenzado su tramitación parlamentaria. Y al anteproyecto de Ley que regula y «equipara» a la Fundación del Teatro Real con otras «grandes instituciones» españolas, como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía o la Biblioteca Nacional de España.