La disolución de las Cortes Generales tras el triunfo de la derecha en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo clausura una legislatura en la que el Congreso ha aprobado un total de 153 leyes, en su mayor parte por iniciativa del Gobierno del socialista Pedro Sánchez y en la que el Senado deja pendientes tres proyectos de ley: el de servicios de atención a los clientes, el de prevención de las pérdidas y desperdicios alimentarios y la creación de la Autoridad Independiente de la Banca para la defensa extrajudicial de los clientes financieros. En el Senado decaen 33 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y en el Congreso quedan colgadas otras tantas.    La legislatura que comenzó en enero de 2020 ha terminado antes de lo previsto, debido a que el presidente Sánchez se tomó muy en serio la afirmación del jefe de la oposición, el senador por Galicia Alberto Núñez Feijóo, de que los comicios territoriales serían su “moción de censura” al Gobierno. Sánchez ha cumplido y Feijóo está contento porque ha ganado la moción y ya se ve en la Moncloa con la ayuda de Vox. Para eso sólo necesita que la subdivisión de la izquierda del PSOE se mantenga y que los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos acepten la conjunción de su derecha extrema con la extrema derecha.

Los tres años y medio de la décimo cuarta legislatura de la democracia han sido muy cómodos para la mayoría de los diputados y senadores a causa de la pandemia del coronavirus. La dispensa de acudir al pleno y a las comisiones legislativas y de control les ha permitido ahorrarse viajes, gastos e incomodidades durante dos años. Las facilidades telemáticas y las vidoconferencias les han permitido “teletrabajar” o “teledebatir” y votar sin moverse del sofá y, salvo contados casos, como el del socialista Odón Elorza y algún otro, sin tener que renunciar a sus dietas, que por llamarse “asignación constitucional” son de obligada cobranza.

La legislatura ha sido pródiga, productiva y fértil en avances sociales y económicos. La enumeración resultaría larga y parecería jabonosa o escorada hacia la causa del incansable presidente Sánchez, su vicepresidenta Nadia Calviño y su ministra de Hacienda y Función Pública, la sevillana María Jesús Montero Cuadrado. Pero también para la competente y valiosa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, cuyo proyecto político, “Sumar”, busca revalidar el resultado del mejor “Podemos” de 2019. De Sumar depende en gran medida la continuidad de un Gobierno progresista en España.

Mientras llega el día de acudir a las urnas (el 23 de julio) vale esperar a que la derecha extrema y la extrema derecha que han bloqueado año tras año la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, renuncien a los milagros y asuman la realidad. Será difícil porque quienes han resucitado a ETA, resuelto la emergencia climática y las emisiones de CO2 con macetas en los balcones, reparado las discriminaciones y carencias educativas con la exhibición de un personaje burlesco con gays, discapacitados e inmigrantes que debía de estar buscando armas de destrucción masiva en Iraq, han ganado las elecciones autonómicas y locales.