La convocatoria de elecciones generales anticipadas no va a tener un efecto neutral en la economía española. El ensimismamiento político en el que estamos desde hace meses se prolonga sin pausa hasta finales de julio, con los comicios, pero aún más lejos, con los procesos de formación de las Cámaras, que se realizaría a mediados de agosto y, a partir de ahí, todo dependerá de los resultados. Muy probablemente no podríamos hablar de un gobierno en funcionamiento hasta avanzado, si no concluso, el mes de septiembre, a menos que haya un resultado de mayoría absoluta o de mayoría incuestionable, de un partido o una coalición electoral.

Quedaría, pues, un trimestre del año para tomar decisiones, la prioritaria, los Presupuestos Generales del Estado para 2024 e implícitos en ellos, la definición de la política económica que llevará a cabo el gobierno entrante. Durante este periodo, y los que ya llevamos, hay cuestiones muy principales que están varadas en los entresijos burocráticos, que condicionan las decisiones empresariales, algunas de ellas de carácter estratégico nacional, como son los desafíos energéticos, la sostenibilidad ambiental y el desafío digital, las tres sometidas a una parálisis permanente  (nada que ver con el grupo post punk de los años 80, del que mi compañero en este diario Luis Picabia lo sabe todo).

Es decir, que las perspectivas económicas para este ejercicio, que han ido mejorando para los principales observatorios públicos y privados, tanto en materia de estabilización de los precios como del aumento del PIB, en los primeros meses, pueden frustrarse con el nuevo paréntesis político. De hecho, los empresarios ya barruntaban, según el informe de KPMG, que su situación se deslizaba a peor. El 63 por ciento de las empresas confesaban tener una buena situación al comenzar el año,  pero se ha quedado en un 39 por ciento las que creen poder mantener esta opinión y el 22 por ciento que creían que su situación de partida era regular, pasan al 43 por ciento en la ejecución de 2023.

Esta insatisfacción creciente de los empresario con la situación económica y la incertidumbre política añadida se manifiesta también, según la misma auditora, en uno de los elementos de análisis del que no se ha hablado mucho durante los años del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Me refiero al intervencionismo creciente, por no decir asfixiante, en la economía, mediante condicionantes, trabas burocráticas y otras prácticas que no se compadecen con las exigencias de adaptación rápida que requiere nuestro tejido empresarial a los nuevos tiempos.

Ese intervencionismo ha llegado a límites  del juego del Monopoly en una empresa estratégica como Indra, de la que El estado dispone en torno al 25 por ciento; ha actuado con una beligerancia inusitada con la decisión de Ferrovial de trasladar su sede internacional a los Países Bajos; ha frenado la distribución de los Fondos New Generation de la Unión Europea obligando a unos trámites farragosos, que llaman garantistas, pero que han provocado la deserción de algunos peticionarios y el cabreo de 850 directivos (de los mil encuestados) que no ven el final de las tramitaciones, que se ocultan tras una cortina opaca, que ha exasperado al propio Parlamento Europeo. No repetiré nada sobre la inepcia administrativa del Ministerio de Inclusión y otros departamentos, de los que me ocupe hace unos días.

En un plano teórico, podría argumentarse que, si los empresarios se dedicaran a sus asuntos y se olvidaran de los avatares políticos, sus negocios serían más eficientes y por ende, más competitivos y lucrativos. El problema es que la dependencia de la maraña normativa, la arbitrariedad fiscal, las limitaciones a la libre competencia… lo hacen imposible.