Puede que el adelanto electoral al 23J haya acelerado el proceso, o que la propia urgencia de estar listos para tomar las riendas de la presidencia del Consejo Europeo el 1 de julio haya podido influir. Pero también es cierto que un plan que distribuye tantos miles de millones no se puede improvisar en una semana. Lo cierto es que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la que pretende movilizar 94.000 millones de euros, pero también alentar a Bruselas a que haga el desembolso de 84.000 millones que le corresponden a España de los fondos europeos ‘Next Generation EU’.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicaba al término del Consejo de Ministros que con el paso dado este martes se proporciona «una red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años».

Y por si quedaba alguna duda sobre la urgencia en la aprobación de la adenda, Calviño ha explicado que su departamento lleva meses reuniéndose con la propia Comisión Europea, además de los gobiernos autonómicos, grupos parlamentarios y hasta los agentes sociales. El objetivo es movilizar 7.700 millones adicionales en transferencias, una cantidad que se suma a los 84.000 millones en préstamos, y otros 2.600 millones al nuevo mecanismo comunitario REpowerEU.

Como paso previo al documento aprobado por el Consejo de Ministros, Calviño ha recordado que el primer borrador fue expuesto al Gobierno a finales de 2022. Y desde entonces se ha estado trabajando en la versión definitiva.

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, el siguiente paso será remitirlo a Bruselas antes de las elecciones generales del 23 de julio. De esta forma, y no por motivos de otra índole, se cumple el plazo establecido por el propio reglamento europeo para que la adenda llegue a Bruselas antes del 31 de agosto de 2023.

Precisamente la vicepresidenta primera hizo hincapié en la fecha del 31 de agosto: «no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones». Calviño ha asegurado ante las críticas de los partidos de la oposición que la aprobación de la adenda este martes se ha hecho «por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo el proceso que está en marcha».

Una vez que la adenda sea registrada en Bruselas, la Comisión Europea tendrá dos meses para pronunciarse, o incluso ampliar este plazo un mes más por si necesita más tiempo para analizarla antes de dar su visto bueno. Pero además, la aprobación de la Comisión Europea deberá ser ratificada por el Consejo de ministros de Economía de los Veintisiete, el Ecofin.

Objetivos del plan de movilización recursos europeos

El documento aprobado por el Gobierno tiene una especial trascendencia, si se tiene en cuenta que se trata de 94.000 millones que deberán dirigirse a las inversiones y reformas que se emprenderán a corto plazo para impulsar la industrialización del país, transformar el ámbito energético o los sectores agroalimentario, industrial, tecnológico y digital. El Ejecutivo ya había dado los primeros pasos, en este sentido, con los proyectos estratégicos -conocidos como Perte-, ya aprobados y puestos en marcha, pero que necesitan reforzarse, precisamente, con los fondos del Plan de Recuperación.

De acuerdo con lo establecido en la adenda, 10.300 millones de transferencias adicionales de Bruselas irán destinados a reforzar Pertes ya puestos en marcha. Así, el programa REpower para acelerar la transición energética permitirá acelerar el proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, conocido como ‘Perte ERHA’ y también el de descarbonización de la industria, hasta llegar a 3.000 millones de euros.

También se va a dotar el Perte de microelectrónica y semiconductores, conocido como ‘Perte Chip’, con unos 12.000 millones de euros.

20.000 millones para la resilencia autonómica

La primera parte explicada por Nadia Calviño ya era conocida, por lo que lo más destaco de la adenda es -en palabras de Calviño- la «red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años, gracias a los 84.000 millones de euros en préstamos».

La adenda no ha dejado ningún dinero al azar. Desde el ministerio de Economía se ha dedicado especial atención a la creación de un fondo de resilencia autonómica, que dispondrá de 20.000 millones de euros y cuyo gestor será el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Pero ademas, Economía encargará al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avalar y gestionar estos créditos, en los que también participará todo el sistema financiero español. En concreto, están previstos 22.500 millones a través de dos líneas de crédito para proyectos de crecimiento empresarial e inversiones verdes.

Desglosadas las líneas de crédito, 1.000 millones se dirigirán al sector turístico; otros 4.000 millones para la promoción de vivienda en alquiler; otros 4.000 millones del fondo ‘Next Tech’, unidos a otros 1.500 millones para impulsar producciones audiovisuales en el país.

Asimismo, con parte los préstamos se cubrirán los fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Cofides. Ambos fondos ya están en funcionamiento desde 2020 y van dirigidos a apoyar la solvencia de las empresas en dificultades desde el Covid-19, además de a los mecanismos del Plan de Recuperación destinados a reforzar la reforma laboral y el Ingreso Mínimo Vital.

El Gobierno también ha dedicado especial interés en reforzar la capacidad de concesión de préstamos y avales para pymes de las sociedades de garantías recíproca y de Enisa y se incluirá un nuevo fondo de 2.200 millones de euros de incentivos fiscales para fomentar la inversión verde de hogares y empresas.

Novedades de la adenda

Entre las novedades del plan del Gobierno destacan 2.200 millones para realizar inversiones contra la ciberdelicuencia y reforzar la seguridad, defensa, aeronátutica y espacio y un complejo entorno geopolitico y de crecientes amenazas y ciberataques.

Dentro del ámbito de internet y nuevas tecnologías, la adenda incluye el cambio de algunos hitos y objetivos ya fijados, con el fin de ampliar el ámbito de algunos programas, como por ejemplo el ‘kit digital’, que se pretende extender a empresas de más de 50 trabajadores. Además, el Gobierno quiere que las ayudas de los programas de formación puedan beneficiar también a personas ocupadas.

En el documento se reconoce que se han registrado ya «concursos desiertos» de algunas comunidades autónomas, mientras que se ha comprobado que hay programas que tienen más demanda de la prevista en un primer momento, como en la creación de plazas de formación profesional. Por este motivo, se intenta adecuar más la oferta a la demanda en estos ámbitos.

Tres puntos más de PIB anual hasta 2031

Tras explicar las líneas principales de la adenda, Nadia Calviño ha destacado que la  ejecución del Plan de Recuperación junto con la adenda permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.

Calviño ha recordado que España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que le corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.

A lo largo del presente ejercicio, el Plan de Recuperación prevé otros dos pagos por importe de 10.000 millones de euros y 7.000 millones de euros de los fondos europeos. Calviño ha asegrado que solicitará «lo antes posible» el cuarto pago de estos recursos de 10.000 millones al culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones.

Los siguientes desembolsos se completarán con tres pagos anuales previstos de 8.000 millones de euros en junio de 2024; 3.500 millones de euros en junio de 2025 y 4.000 millones de euros en diciembre de 2026.

Por su parte, el Gobierno a través del Tesoro Público ya ha pagado a las entidades gestoras cerca de 34.000 millones, de los que 23.400 millones se han destinado a las comunidades autónomas. A ello se suman otros 27.000 millones, que según Calviño, ya están adjudicados a través de las convocatorias de ayudas y licitaciones para financiar 400.000 proyectos ya puestos en marcha.