El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la adenda del Plan de transformación y resiliencia, que remitirá a Bruselas. Una nueva inyección de dinero a fondo perdido, que esta vez incluye como novedad el destino planteado para los 84.000 millones de euros en préstamos que le corresponden a España de estos fondos europeos destinados a favorecer la transformación de la economía.

La adenda incluye 7.700 millones en transferencias de los fondos Next Generation EU, junto a 2.600 millones adicionales en transferencias destinadas a energía RePowerEU; así como los planes para utilizar el grueso de los 84.000 millones en préstamos que la Unión Europea está dispuesta a prestar a España, a un bajo interés, a cambio de reformas que permitan a la economía ganar en flexibilidad y resistencia ante los retos tecnológicos y geopolíticos, como la guerra en Ucrania, el cambio climático y el envejecimiento de la población, y la revolución digital.

Toda la inversión anunciada tendrá un obvio impacto en el empleo debido al crecimiento extra de tres puntos de media anual del PIB que el Gobierno estima que la economía española alcanzará hasta 2031, gracias a la millonaria inyección. En este sentido los sectores más beneficiados serán aquellos donde se canaliza la principal inversión, denominados planes estratégicos o PERTE, que atienden a asuntos capitales que están siendo afectados por diversos factores y cuya atención requiere la adaptación rápida de la economía, como la producción de energía y su uso mejorado en empresas y hogares, la digitalización, la robotización y el advenimiento de la inteligencia artificial, fabricación de chips, entre asuntos.

Estos planes estratégicos o PERTE también se centran en otros asuntos, como la economía de los cuidados, que engloba la atención a niños y ancianos, y en otras materias, como el ciclo del agua, la economía de la lengua o proyectos específicos en el sector de la salud, entre otros.

Formación y capacitación de trabajadores

Pero, además, la multimillonaria inversión ofrece capítulos directamente relacionados con el empleo en asuntos diversos, como a la capacitación de trabajadores cualificados para los nuevos sectores reforzados, ya sea a través de un programa de microcredenciales, destinado a las universidades, como a través de los ERTE o expedientes de regulación temporal de empleo, que pretenden ayudar a empresas y sectores a adaptarse a la actual revolución tecnológica.

En concreto la adenda aprobada hoy por el Consejo de Ministros prevé una nueva oferta de microcredenciales en las universidades públicas, dotada con 50 millones de euros, que orienten la formación y el desarrollo de competencias a la cualificación de trabajadores a fin de responder a las necesidades de mano de obra en los ámbitos de actuación de los citados planes estratégicos o PERTE.

Otra variante de la capacitación de los trabajadores vendrá de la mano de los ERTE, los expediente de regulación temporal de empleo, que ofrecen flexibilidad a las empresas, a cambio de no despedir a sus trabajadores, y que dispondrán de un llamado Fondo RED, dotado con 3.000 millones de euros, ya contemplados en la reforma laboral, como complemento al Mecanismo RED, a cuyas modalidades sectorial y cíclica, para empresas en dificultades, prestará financiación.

Además, se crea un Fondo de Reforma de la Inclusión Social, destinado a financiar las políticas ligadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con 2.530 millones de euros, que servirán para financiar las acciones ya en marcha para reducir la pobreza y facilitar la inclusión social y laboral de los hogares con mayores dificultades.

Vivienda y economía de los cuidados

La vivienda y la economía de los cuidados son dos ámbitos también bendecidos por la millonaria inversión. En materia de vivienda, las ayudas llegarán por dos vías. Por un lado, directamente a las familias y empresas que decidan acometer inversión en energías renovables, eficiencia energética o economía circular, mediante créditos baratos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Y por otro, a través de varios fondos específicos, como aquel que financiará la extensión de las bonificaciones fiscales hasta 2024 – en lugar de 2023, como estaba previsto – para las inversiones de familias y empresas en materia de transición energética; y otro que financiará la construcción de viviendas para alquiler y la rehabilitación del parque ya existente para mejorar su aprovechamiento de la energía.

Por su parte, la economía de los cuidados recibirá una nueva inyección económica, a fin de construir y reacondicionar centros de día y centros de mayores, y crear nuevas plazas de escuelas infantiles de 0 a 3 años; a través de un denominado Fondo de resiliencia autonómica, dotado con 20.000 millones – para estos y otros proyectos – que gestionarán las comunidades autónomas.