La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) alerta de que el reglamento de la facturación electrónica “continúa atascado, ahora en manos del Consejo de Estado, sin vistas a ser agilizado a corto plazo, por lo que ese punto no se puede implantar en la Ley Crea y Crece, y ya debería por plazo”. Además, según el presidente de la entidad, Antoni Cañete, cuando entre en vigor, habrá que readaptar prácticamente por completo el sistema de facturación electrónica al modelo europeo —proyecto ViDA (VAT in Digital Age)—, lo que supondrá un “impacto humano y de coste para las pymes y autónomos y también para los prestadores de servicios informáticos y de facturación (especialmente los más pequeños, que tienen menos capacidad de realizar desarrollos rápidos)”.

La PMcM califica el sistema de facturación electrónica como una “buena herramienta” para conocer los plazos de pago del sector público, lo que “facilitaría al futuro Observatorio de la Morosidad (previsto en la Ley Crea y Crece) realizar sus funciones de control y análisis y, por ende, erradicar la lacra de la morosidad”. No obstante, Cañete señala que para que este sistema sea realmente valioso, se deberían realizar 3 mejoras.

♦ Primera. “Tendría que ser obligatorio registrar la fecha de prestación del servicio o entrega del bien, porque precisamente esta es la fecha que tanto la Directiva Europea como la Ley de Morosidad de nuestro país indican para empezar a computar el plazo de pago. Este cambio normativo debería aplicarse sin reparo para ajustarnos a ley”, advierte la PMcM. “En los sistemas de facturación actuales no es obligatorio este campo y, además, se da la circunstancia de que se pueden incluir otras tres fechas de registro distintas, en un sinsentido”, lamenta el presidente de la PMcM.

“Si a través de la facturación electrónica pudiéramos disponer del dato de la fecha de prestación del servicio o entrega del bien, entonces podríamos calcular el periodo de pago real, porque es un hecho constatado que desde esa fecha hasta el cobro de la factura pueden pasar días, semanas e incluso meses”, añade.

En este sentido, la PMcM cree que quizá pueda haber más instituciones que realicen el cómputo del periodo de pago sin tener en cuenta la fecha de prestación del servicio o entrega del bien. La entidad intuye que quizás una podría ser el Ministerio de Hacienda, y de ser así, ese hecho justificaría por qué suele haber un desfase entre los datos de plazos de pago a proveedores que publican el Ministerio y los que la PMcM registra en sus informes anuales.

♦ Segunda. La PMcM ve necesario incorporar en la facturación electrónica que en las licitaciones públicas los contratistas facilitaran a sus subcontratados la documentación para que estos pudieran informar del estado. De esta forma, la comisión de control de la morosidad podría disponer de toda la trazabilidad del contrato y escalar la licitación.

♦ Tercera. Otra mejora consistiría en que se consiga que todas las facturas tratadas confirmen a los puntos generales de entrada de facturas la fecha de pago, para saber cuántas están pagadas y cuántas no. En la actualidad, hay un “conjunto grande de facturas cuyo estado está sin precisar”, tal y  como ha constatado la PMcM tras realizar un análisis del informe elaborado por Pimec sobre el comportamiento de las facturas al sector público tramitadas durante 2022 en los diferentes puntos generales de entrada mediante el servicio Pimefactura, monitorizando más de 215.000 facturas. Según el estudio, un 12,33% de las facturas tratadas no confirmaron a los puntos generales de entrada de facturas su fecha de pago, si es que este se llegó a producir, representando el 12,05% del importe de las facturas analizadas.

Del mismo informe se desprende que las Administraciones Públicas solo pagaron en plazo durante 2022 el 35’18% del montante que adeudaban a sus proveedores; y el 45,83% de las facturas tratadas se declararon pagadas fuera del plazo legal de 30 días, y su importe representaba el 52,76% del total.

Para el presidente de la PMcM, con estas mejoras en los sistemas de facturación electrónica —sobre todo, poder contar con las fechas reales de inicio (realización del servicio o entrega del bien) y fin (cobro de la factura)—, sería posible obtener una “radiografía real de lo que está sucediendo en nuestra economía y conocer el verdadero impacto de la lacra de la morosidad, que afecta especialmente a pymes y autónomos en el complejo contexto actual”. Esta información podría explotarla el futuro Observatorio de la Morosidad, cuya puesta en marcha se hace imprescindible ahora que la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales ha acabado con la posibilidad de contar con un régimen sancionador, al impedir su tramitación y aprobación definitiva.

Hay que recordar que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas —con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros— y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Más información
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⇒ Campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir «que nuestros clientes cumplan con los plazos de pago legales»