Los juristas alertan de los perjuicios que crea la nueva Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda por las limitaciones para los propietarios y el funcionamiento del mercado del
alquiler, abriendo la puerta a la congelación de rentas y dificultando
excesivamente la recuperación del inmueble en los desahucios.

Esas advertencias fueron formuladas en la Jornada sobre la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, organizada por el Consejo General de los COAPI de España y
el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de
Madrid (Coapi Madrid-AIM, celebrada en Madrid.

Los expertos alertan de los efectos perniciosos que introduce la Ley 12/2023
por el Derecho a la Vivienda en el mercado del alquiler en diferentes
ámbitos, que suponen todos ellos una limitación para los propietarios, lo
que perjudicará el funcionamiento y las garantías para los consumidores
en el acceso a la vivienda. Así, la nueva norma abre un escenario de
congelación de rentas para los nuevos contratos de zona residencial y que
no sean de gran tenedor una vez que vayan venciendo las prórrogas
existentes.

Igualmente, las modificaciones introducidas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil están diseñadas para convertirse en una prórroga
encubierta a los contratos de arrendamiento. En este sentido, los juristas
criticaron que en las demandas de desahucio y en los lanzamientos se
producirá un exceso de tiempo para recuperar la vivienda, al atribuir al
arrendador la carga de la prueba de todos los requisitos exigidos, como la
condición de vivienda habitual, la vulnerabilidad social o el intento de
conciliación o mediación previa y la condición de ser o no gran tenedor.

Además, todas estas limitaciones en los precios y en la disposición
de la propiedad provocarán la salida de las viviendas hacia otras
soluciones arrendaticias, como el alquiler de temporada o vacacional,
dibujando también un escenario que perjudicará el acceso a la vivienda
por parte de los jóvenes. Por otra parte, los juristas también aclararon que
los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato del alquiler
recaen a cargo del arrendador.

José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid, subraya que se trata de una
ley que “genera inseguridad jurídica, carece del rigor técnico para
desplegar sus efectos de forma adecuada y debe ser derogada por los
efectos que ya está produciendo, como la restricción de la oferta del
alquiler, el incremento de precios o la reducción de la promoción de la
vivienda protegida”. También anunció que la región “no declarará zonas
de mercado tensionado porque se trata de la competencia de urbanismo y
vivienda autonómica, que la nueva ley invade”.

Por su parte, la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la
Comunidad de Madrid, María José Piccio – Marchetti Prado, destacó que
“la política de vivienda de la Comunidad de Madrid es diferente a la que se
ofrece desde la ley estatal, ya que en la región se promueve la facilidad
para el acceso a la vivienda, como refleja el Plan Alquila”.