La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el proyecto de real decreto por el que se aprueban los estatutos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, ICJCE (IPN/CNMC/008/23).

El ICJCE es una corporación representativa de los auditores de cuentas. La norma pretende adaptar sus estatutos a la legislación vigente en materia de auditoría de cuentas.

La actividad de auditoría de cuentas es fundamental para el buen funcionamiento de una economía de mercado y es fundamental que cumpla elevados estándares de calidad, profesionalidad, independencia e integridad.

Informes previos (IPN/CNMC/001/15, IPN/CNMC/007/19) de la CNMC advierten  de que atribuir competencias a las corporaciones que representan los intereses profesionales para regular y supervisar el acceso a la profesión y su ejercicio puede generar conflictos de interés y comprometer su independencia e imparcialidad.

La CNMC insiste en estos riesgos, en revisar sus funciones y señala en su reciente informe que:

• Los estatutos no deben atribuir competencias de supervisión profesional adicionales a lo previsto en la ley y el reglamento de auditoría de cuentas.
• Deben establecerse medidas suficientes para garantizar que las funciones de regulación y supervisión profesional del Instituto se lleven a cabo conforme a niveles elevados de independencia, objetividad, imparcialidad, deber de secreto y confidencialidad y sujeción a la normativa de defensa de la competencia.
• Incluir en los estatutos una sujeción expresa a la normativa reguladora del test de proporcionalidad aplicable a la normativa profesional.
• Revisar la regulación del sello distintivo dado su potencial impacto sobre los precios, incluyendo su carácter obligatorio.
• Permitir a todos los profesionales capacitados acceder a las actuaciones profesionales solicitadas al ICJCE, sin limitarlo territorialmente.
• Eliminar la posibilidad de que el ICJCE participe en los honorarios percibidos por sus miembros.