El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. (Fotografía de Manuel Casamayón/ Apie).

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, reconoce en el XL Seminario de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander que, si llega al Gobierno tras las elecciones del 23 de julio, mantendrá el impuesto temporal a la banca al menos hasta 2024.

En ese momento, se revisará el gravamen y se estudiarán otras propuestas en función de la evolución de la inflación y de la situación económica. No obstante, Bravo se inclina por un acuerdo con la banca para crear un fondo para las familias más vulnerables con problemas para pagar la hipoteca. «Esa propuesta de la banca nos parecía mucho más interesante», argumenta.

Bravo, que declina pronunciarse sobre si será ministro de Economía con un Gobierno del PP, critica que la tasa se haya establecido sobre los ingresos, y no sobre los beneficios.

También que el programa económico del PP se basa en orientar la fiscalidad para mejorar el empleo, lo que incluye la deflactación del IRPF; reducir el gasto político «superfluo»; la simplificación de las trabas administrativas y burocráticas, incluyendo una «profunda reforma de la Administración», un «mejor uso» de los fondos europeos, que es una «oportunidad» que no se está aprovechando; políticas de impulso al crecimiento para mejorar la productividad y la competitividad; y la generación de empleo.

«La principal política en la que tiene que trabajar este país es reducir esas tasas de desempleo, reducir esas distancias que se crean socialmente, que se reduzca el incremento de la pobreza y a partir de ahí intentar conseguir un mayor crecimiento», subraya.

El PP en el Gobierno incrementará a deducción de las aportaciones a los planes de pensiones desde los 1.500€ pero sin volver a los 8.000€ de hace dos años: «Nuestra propuesta, en principio, sería incrementar esa cuantía de 1.500 euros parcialmente. Creemos que es fundamental tener esa capacidad de ahorro».

En vivienda, dar seguridad jurídica que permita elevar la oferta a través de la construcción de nuevas casas, anulando la Ley aprobada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, porque va «en contra de los propietarios».