Asistimos a los primeros efectos del triunfo de la conjunción de la derecha extrema y la extrema derecha en las elecciones locales y autonómicos de finales de mayo. Y ciertamente no son buenos para la clase trabajadora y laboral. Subida del precio de los comedores escolares un 12% en la Comunidad de Madrid, supresión de la bonificación autonómica al transporte urbano, en perjuicio del magro bolsillo de estudiantes y trabajadores. Negativa a aplicar la ley de vivienda, a mayor gloria de rentistas y fondos buitre, en detrimento de trabajadores y estudiantes. Aquí, por lo visto, el Parlamento legisla para todos los españoles, menos para aquellos en cuyos territorios autonómicos y locales mandan el PP y Vox, es decir, los mismos que se han negado a cumplir el precepto constitucional de renovar el Consejo del Poder Judicial.

Tampoco hay buenas señales para el derecho inalienable a la igualdad. Que se preparen los trabajadores inmigrantes (por si no lo estaban), los que carezcan de permiso de trabajo y residencia, los que llaman “menas” por no decir niños y jóvenes menores de 18 años sin compañía familiar, los de diferente orientación sexual a las parejas tradicionales de mujeres y hombres. No es que vuelvan “las peras con las peras y las manzanas con las manzanas” que decía aquella, es que han encumbrado a la presidencia del Parlament de las Isles Balears al xenófobo y faccioso Gabriel Le-Senne Presedo.

Malos tiempos también para las mujeres. La aspiración feminista a la igualdad de derechos es para las derechas nacionales simple “ideología”. La “violencia machista”, con un saldo terrible de asesinatos de mujeres, de niños huérfanos y de mujeres de toda edad y condición gravemente apaleadas, heridas y maltatadas no merece figurar en los pactos PP-Vox. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que esa violencia existe. ¿Cómo no va a existir si hay sentencias judiciales que lo dicen?, argumenta. Pero no hace falta que figure en los pactos con la extrema derecha que la niega y califica de “intrafamiliar”. Dicho en pocas palabras: Feijóo renuncia al pacto suscrito hace veinte años por las fuerzas democráticas contra la violencia machista. Si además disculpa con mentiras al dirigente valenciano de Vox condenado por maltrato y que firmó el pacto con el PP para gobernar juntos, se comprende con meridiana claridad que rehuya los debates.

Hasta bien entrados los años sesenta hubo en el Código Penal español un precepto que llamaban “la venganza de la sangre”. Lo repescaron los legisladores franquistas de un código decimonónico por indicación del psiquiatra militar Antonio Vallejo-Nájera Lobón, un palentino muy amigo de Franco, al que quiso dotar de herramientas básicas para “el saneamiento” de la población española. Dado que, según aquel señor, las esposas “no tenían honor”, pues el titular era el marido, éste podía llegar a asesinar a su cónyuge, alegando que le era infiel. Y quien dice esposa, dice también “novia formal”. Estos crímenes por “venganza de la sangre” quedaban sin castigo.

Aunque parezca una barbaridad, un partido neofranquista como Vox, partidario de la involución de los derechos y las libertades democráticas, eurófobo, negacionista y enemigo de la pluralidad y la convivencia (véase la llamada ‘pancarta del odio’ en el edificio esquinero de Alcalá y Goya, barrio de Salamanca) ha encontrado en la complacencia de Feijóo el impulso para colarse en las instituciones, hacer avanzar el oprobio y, de paso, forrarse. Por cierto que Feijóo y sus allegados en la dirección del PP ya cobran doble sueldo. ¿No promovió Soraya Sáenz de Santamaría una ley que impedía cobrar dos retribuciones de las arcas públicas? Si, pero aquello fue hace mucho tiempo.