La empresarial CEOE ha pedido hoy “al próximo Gobierno” que “reconozca el valor de las empresas” como “principal garantía para el crecimiento de la economía”. Una petición que encabeza el documento con las cien prioridades que los empresarios demandan a los partidos políticos que compiten el próximo 23 de julio por hacerse con el poder.

La “demanda de respeto” de la labor empresarial figura en el frontispicio del documento ‘Cien prioridades empresariales’ presentado hoy de cara a las próximas elecciones generales.

De este modo, los empresarios se toman su venganza respecto de los ataques sufridos en la presente legislatura por parte del partido integrante de la coalición de gobierno Unidas-Podemos, cuya estrella parece declinar y que concurre a los comicios muy diluido en la coalición que lidera la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los empresarios, en un documento que recoge sus catálogo habitual de peticiones, sitúan así la prioridad en el respeto a su labor, y en la necesidad de impulsar las vocaciones empresariales, fomentar el emprendimiento y destacar el “reconocimiento y el orgullo de la figura del empresariado” y comunicar el “impacto y aportación de valor de los empresarios”.

Una vez sentado eso, CEOE desgrana un centenar de necesidades, asentadas en siete ejes esenciales “que deberían estructurar las políticas económicas de los próximos años”, y donde destacan desde la calidad y claridad del marco regulatorio, hasta la eficiencia del gasto público, pasando por engrasar mejor la colaboración del Estado con las empresas, actualizando los precios de contratos y concesiones del sector público.

El reclamo de reformas estructurales centra el capítulo dedicado a la competitividad, en tanto que la petición de reducir la presión fiscal, con una reforma del Impuesto de Sociedades y del IRPF, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, la rebaja de las cuotas que se pagan a la Seguridad Social y evitar crear nuevos impuestos, así como incentivar la inversión, protagonizan el extenso apartado dedicado a defender el alivio de la presión fiscal.

Defensa de la negociación colectiva

También defienden los empresarios su papel y el de los sindicatos a la hora de negociar convenios colectivos; pactos que deberían tener, en su opinión, “un mayor papel regulador, limitando la función del legislador a los estrictamente necesario”.

En cuanto a la atención a los parados, los empresarios defienden un mayor papel de la empresa privada en la intermediación que hoy realizan los servicios públicos de empleo –tradicionalmente paupérrima–, cuya “reforma en profundidad” demandan los empresarios, así como otros cambios, como “la vinculación” de las políticas activas (cursos, orientación…) y pasivas (prestaciones y subsidios); o una “adecuada integración del nivel asistencial de desempleo” (subsidios) con el Ingreso Mínimo Vital, facilitando su compatibilidad con el empleo.

La reforma del actual modelo de Formación Profesional para el Empleo – los cursos para parados y ocupados – destaca entre las peticiones relativas a la educación; un eje en el que se pide además “una mayor conexión de políticas educativas y formativas”, continuar con la reforma de la Formación Profesional (FP) y acercar la universidad a la empresa.

Finalmente, en lo relativo a la digitalización, los empresarios piden un Pacto de Estado por la Innovación y el impulso de una Ley de Innovación, de tal modo que se logre “duplicar” el peso de la economía digital en España, con el papel destacado de los fondos europeos a la hora de acelerar esta transformación; y donde también resaltan procesos como la descarbonización y un marco regulatorio estable en materia de energía, entre otras medidas.