Los inspectores de Trabajo han suspendido hoy la huelga indefinida iniciada ayer después de constatar la “falta de intención” del ministerio de Hacienda y Función Pública de “cumplir lo acordado” y reforzar el organismo; y con críticas a dos de las ministras del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, al frente de Hacienda, y la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, responsable del ministerio de Trabajo, a las que acusan de “instrumentalizar” el conflicto laboral con “fines partidistas” debido a la cercanía de las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Los sindicatos convocantes de la huelga – de la que se había descolgado Comisiones Obreras (CCOO), precisamente por la cercanía de los comicios – han decidido suspender la huelga indefinida comenzada ayer, la primera en más de un siglo de vida de la Inspección de Trabajo, según han comunicado CSIF, UGT, CIG, Usess, Sitss, Sislass y Upit.

Según CSIF, la “división existente” entre los ministerio de Trabajo y de Hacienda y Función Pública “impide negociar con certezas, a falta de un interlocutor válido”.

El sindicato de funcionarios culpa al ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, de “falta de intención” de cumplir lo acordado con los trabajadores de la Inspección, que reclaman un refuerzo de efectivos y recursos en su labor de ‘policía laboral’.

En concreto, los trabajadores de la Inspección de Trabajo piden acabar con la falta de medios, reforzar las plantillas y facilitar el desarrollo de la carrera laboral de las plantillas, según se acordó en julio de 2021.

“Las carencias de personal y de medios continúan dos años después. Y se traducen en un aumento de la carga de trabajo que soporta la Inspección, la falta de desarrollo de la carrera profesional y de reconocimiento de las funciones desarrolladas y en una relación de puestos de trabajo obsoleta e injusta”, reprocha CSIF.

Con la vuelta al trabajo de los inspectores, se reanudarán las campañas de supervisión que habían quedado interrumpidas por el inicio de las protestas, como la de control de tiempo de trabajo, de registro de jornada, de condiciones salariales y de riesgos en la actividad agraria, así como las de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Los inspectores aducen que la falta de medios se concreta en una plantilla de apenas 3.000 miembros – entre 2.200 inspectores y subinspectores, y 800 efectivos de apoyo –, que deben atender la actividad de casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social en 1,4 millones de empresas, además de 10 millones de pensionistas.