Hay lemas, muletillas y frases hechas muy socorridas para los oradores. Algunas aparecen y desaparecen como por ensalmo. Otras perduran. Los dirigentes políticos conservadores, más henchidos que nadie de amor patrio, invocan esa expresión de “España, una gran nación”, como si fuera un remedo de aquel famoso lema de la oprobiosa –“España una, grande y libre”– más falso que Judas. Con independencia de que la realidad histórica y presente de nuestro país nos muestre y demuestre la pluralidad de nacionalidades que integran la llamada nación española, y de que se hallen reconocidas por la Constitución española, tampoco hay que exagerar con lo de “gran”, pues los 505.370 kilómetros indican que somos un país más pequeño que Francia, por ejemplo, que tiene 643.801 km2. Pero sí, España es más grande que Suecia (450.295), Alemania (357.022), Finlandia (338.41%) y, desde luego, que Reino Unido (243.610 kilómetros cuadrados). En lo atinente a población, tampoco vamos sobrados.

Ahora bien, si por “gran nación” se refieren a que nuestro país es bueno para vivir, habría que preguntar ¿quién? Desde las pensiones no contributivas, implantadas tras la gran huelga general de 1989, que permitieron a decenas de miles de personas mayores de las áreas rurales comer yogures y ver el mar por primera vez en su vida, hasta la “renta mínima vital” consagrada por ley en la legislatura que ha terminado, pasando por el transporte ferroviario interurbano gratuito, las mejoras vitales, por mínimas que sean, nunca han venido de la gestión de la derecha. Ni las becas de estudio ni el Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura ni la ley de la Dependencia ni la dignificación de las pensiones, los servicios sociales, la enseñanza (obligatoria hasta los 16 años) y la cobertura sanitaria pública universal se han conseguido con las derechas, sino con los socialistas al frente de la gestión pública.

Por otra parte, resulta lógico que los conservadores procuren favorecer a sus partidarios, los llamados ricos, con promesas de bajadas de impuestos (para todos, por supuesto), recortes de los servicios públicos y los derechos sociales (e individuales si llega el caso) y oleadas de privatizaciones de empresas públicas rentables y muy rentables. No hace falta recordar la “gran desamortización” de los Aznar-Rato-Cascos. Ni es menester citar la amnistía fiscal de los Rajoy-Montoro. La tolerancia y laxitud con la corrupción alcanzó cotas de “tangentópolis” mafiosa, perfectamente organizada, por parte de una derecha que ahora promete perdonar el impuesto extra a la banca (1.500 millones de euros) y a las eléctricas por los beneficios extraordinarios de los créditos, hipotecas y tarifas.

Se comprende el afán de los conservadores de gobernar para “la gente de bien”, esas personas que según dijo en su día el jefe de la ultraderecha, Santiago Abascal, deberían tener derecho a llevar armas y defender sus domicilios y negocios sin ser sancionados por abatir agresores y ladrones. A esas personas de bien se refirió además el líder del PP cuando, a cuenta de la ley Trans, increpó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Deje de molestar a la gente de bien y de meterse en las vidas de los demás”. Eso no quita para que la extrema derecha no asista al homenaje anual del Parlamento (la Diputación Permanente en este caso) a las víctimas del terrorismo, como ocurrió el martes, 27 de junio. ¿No son personas de bien?