Madrid y Andalucía son las autonomías que acaparan el 53% de las estafas por alquiler vacacional en España, según datos oficiales recabados por el Ministerio del Interior. El
Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), ha elaborado un catálogo de pautas que se deben seguir, imprescindibles para evitar que los consumidores caigan en los engaños y trampas fraudulentas que esconden una estafa o una apropiación indebida, no solo en el alquiler vacacional sino en cualquier tipo de operación inmobiliaria, ya sea de compraventa o alquiler.

Según datos recabados por el Ministerio del Interior, el número de
estafas relacionadas con el alquiler vacacional ascendió a 1.550 en España
en 2022, siendo Madrid (241) y Andalucía (581) las que acaparan el 53%
de las incidencias, conforme datos estadísticos del Sistema Estadístico de
Criminalidad (SEC) con datos procedentes de la Policía Nacional, Guardia
Civil, policías autonómicas y policías locales que proporcionan información
al SEC. Si se incluyeran las estafas por alquiler vacacional acaecidas en el
extranjero (74), la hegemonía de Madrid y Andalucía en este tipo de
incidencias se mantendría, situándose en el 50,61% de un total de 1.624.

Ahora que comienza el periodo de vacaciones estivales, es el
momento idóneo para recomendar a los consumidores la importancia de
seguir una serie de pautas imprescindibles para no caer en los engaños y
trampas fraudulentas que esconden una estafa o apropiación indebida, no
solo en el alquiler vacacional sino en cualquier operación inmobiliaria de
compraventa o alquiler:

 Cuidado con los mensajes con enlaces sospechosos. No es
una garantía completa a priori encontrar un anuncio en una
plataforma online conocida, ya que la actividad criminal se
sirve de ellas para introducir falsos reclamos. Hay que saber
detectar los perfiles falsos y evitar enlaces incluidos en
correos electrónicos que no inspiren confianza.
 Comunicaciones y pago, siempre a través de un sitio web o
plataforma segura. Hay que ser cauteloso en todo lo
referente a facilitar datos de acceso a Internet, contraseñas o
códigos SMS. Las conversaciones por WhatsApp tampoco son
un canal adecuado para establecer una relación contractual.
Hay que desconfiar si enseguida nos piden un adelanto
dinerario.
 Comprobación de la identidad de nuestro interlocutor y
sospechar del tono urgente por parte del anfitrión. Antes de
hacer cualquier gestión de entrega de documentación o de
datos financieros o personales hay que hacer la
correspondiente comprobación de la certeza de identidad y
acreditación profesional de nuestro interlocutor. Antes de
decidirse por un alojamiento, leer atentamente el perfil del
anfitrión y los comentarios de huéspedes anteriores.
 Desconfiar de ofertas demasiado ventajosas para ser
verdad. Desconfiar de las ofertas que combinan precios
excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy
atractivos. Si un propietario quiere hacer demasiados cambios
durante el proceso de reserva (ofrece pagar de manera
diferente, envía direcciones de contacto que no coinciden con
el anuncio, ofrece un anuncio diferente que no estaba en la página, etc.) podría existir detrás un delincuente que quiere
evitar su localización.
 Es preciso tener en cuenta de forma prioritaria a nuestra
entidad financiera o bancaria de confianza, ya que en
muchas ocasiones el falso reclamo suele ofrecer el acceso a
garantías financieras o hipotecarias.
 Acudir a un profesional de intermediación inmobiliaria
reconocible y acreditado. Existen 46 Colegios Oficiales de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España y en varias
autonomías registros públicos donde se pueden localizar a
profesionales especializados.

Anuncios en Internet de falsos propietarios que alquilan pisos,
anuncios de alquiler de inmuebles que piden falsos estudios de solvencia,
ofrecimiento de viviendas en propiedad de promociones inexistentes y
con acceso al mercado hipotecario o diversas soluciones financieras, son
algunas de las prácticas fraudulentas que se producen con frecuencia en el
mercado inmobiliario.

Todo este escenario muestra cómo se ha perdido una gran
oportunidad en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda para la
regulación de la actividad inmobiliaria, dejando fuera a los profesionales
que intervienen en las operaciones, lo que está generando una falta de
garantías y de inseguridad jurídica que perjudica a los consumidores y
usuarios en el mercado inmobiliario.