La nueva planta de biomasa de Logrosán, ubicada en Extremadura, se verá sujeta a requisitos ambientales más estrictos como resultado de un recurso de alzada presentado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), el 23 de febrero, contra la autorización ambiental concedida por el Gobierno de Extremadura a principios de este año. Esta medida ha sido recientemente confirmada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad del Gobierno de Extremadura.

En consecuencia, la Administración ha ordenado la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la planta para garantizar el cumplimiento de los Valores Límite de Emisión (VLE) para ciertas sustancias contaminantes. Además, gracias al recurso interpuesto por el Instituto, se implementarán medidas de vigilancia e inspección para asegurar una adecuada monitorización de las emisiones atmosféricas derivadas de estas sustancias.

La nueva planta de biomasa de Logrosán, un proyecto desarrollado por Desarrollos Renovables Eólicos y Solares S.L.U, tiene como objetivo principal la generación de energía eléctrica de origen renovable mediante la combustión de biomasa sólida, principalmente de origen forestal (100%), o procedente de una mezcla de biomasa forestal (90%) e industrial agrícola (10%), utilizando recursos provenientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para el ejercicio de su actividad, la nueva instalación debía cumplir medidas encaminadas a la protección y el control de la contaminación atmosférica derivada del proceso de combustión, así como medidas de vigilancia e inspección para medir las concentraciones de estas sustancias.

Sin embargo, el IIDMA constató que la autorización administrativa inicial no incluía los VLE atmosféricos para ciertas sustancias contaminantes, dañinas para la salud humana y el medioambiente, como son los cloruros gaseosos (HCl), compuestos fluorados gaseosos inorgánicos (HF), el mercurio (Hg) y el amoniaco (NH3). La emisión a la atmósfera de este tipo de gases está regulada y limitada por la Directiva de Emisiones Industriales (Directiva 2010/75/UE) y el Documento de Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles para las grandes instalaciones de combustión (Decisión de Ejecución (UE) 2021/2326), que son de obligatorio cumplimiento por la planta. Además, se observó la ausencia de condiciones adecuadas de vigilancia e inspección obligatorias para monitorizar las concentraciones de estas sustancias contaminantes que, entre otras, exige medir en continuo las emisiones de cloruros gaseosos (HCl) y amoniaco (NH3).

En respuesta a estas deficiencias, el IIDMA solicitó a la Administración que modificara e incluyera en el permiso las condiciones para cumplir con los VLE exigidos, así como garantizar su correcta monitorización. La Administración ha verificado los incumplimientos señalados y ha ordenado la modificación de la AAI de la planta de biomasa, en concordancia con la legislación ambiental europea.

“El IIDMA lleva años trabajando para asegurar que las instalaciones industriales de generación de electricidad operen con un permiso adaptado a las exigencias de la legislación ambiental vigente. Pese a ser considerada una fuente de origen renovable, la producción de electricidad a partir de la combustión de biomasa sólida tiene importantes repercusiones a nivel de contaminación atmosférica. Estas deben ser controladas y delimitadas por la Administración, además de garantizar que el recurso forestal utilizado proceda de una gestión sostenible ”, explica Alba Iranzo, abogada ambiental de IIDMA.

Como resultado de la intervención del IIDMA, la planta de biomasa de Logrosán se adaptará a requisitos ambientales más rigurosos para controlar la contaminación atmosférica derivada de la planta, mientras promueve el desarrollo de energía renovable en la región de Extremadura.