La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero
Alberto Ortega / Europa Press

Los plazos no dan. Una vez más, y serán nueve, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán ser prorrogados porque su tramitación parlamentaria no será posible en 2023, dado que se cruzan los plazos de investidura y los trámites que deben seguir las cuentas públicas antes de ser aprobadas.

Concretando las fechas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, confirmó que el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se celebrará el 26 y 27 de septiembre. Se trata prácticamente de las mismas fechas en que los Presupuestos Generales del Estado deben ser entregados en el Congreso de los Diputados como es preceptivo, a finales de septiembre para que dé tiempo a ser debatidos y aprobados antes del 1 de enero en que deberían entrar en vigor.

Y es preceptivo porque así lo establece el artículo 134 de la Constitución sobre la presentación de las cuentas públicos del siguiente año: «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».

Por tanto, en el caso de que Feijóo lograse investirse presidente del Gobierno no tendría tiempo de elaborar los presupuestos, ya que no se puede estar debatiendo la investidura y, al mismo tiempo, y sin saber si saldrá adelante, estar elaborando los Presupuestos Generales del Estado, sin estar tan siquiera constituido el Gobierno, nombrados los ministros y recibiendo el traspaso de papeles del anterior Gobierno.

A día de hoy, además, Feijóo sólo cuenta con 172 apoyos, y aunque tiene 35 días para recabar los 4 votos favorables que necesita para alcanzar los 176 que le darían la mayoría absoluta, no parece que inicialmente vaya a lograr ser presidente del Gobierno. Y luego iría a una segunda votación para intentar lograr obtener más síes que noes. Es decir, que algunos de los diputados que no sean de su propio partido, Vox, UPN y CC, se abstengan, después de cuatro largos años criticándoles por activa y pasiva por ser socios del PSOE o habiendo apoyado algunas de sus leyes.

Si fracasa, habría que esperar a que Pedro Sánchez decida presentar candidatura. Una decisión que tardaría dos semanas en ser aceptada por el Rey Felipe VI, tras celebrar el monarca una segunda ronda de contactos. Y si el actual presidente en funciones recaba los apoyos suficientes para ser investido, debería esperar la decisión de la mesa del Congreso sobre las nuevas fechas del debate de investidura. De esta forma nos adentraríamos casi a finales de octubre, o lo que es lo mismo, un mes después de lo establecido por la Constitución para presentar los presupuestos.

Montero asegura que los PGE estarán, aunque con un poco de retraso

Estas fechas entran en confrontación con el optimismo de la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, que ha asegurado que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante en «tiempo y forma», contando con que Pedro Sánchez pueda ser investigo presidente del Gobierno.

No obstante, y pese a la rotundidad de su afirmación inicial, ha reconocido que la situación política actual puede «retrasar» la aprobación de los mismos. Por ello, ha restado importancia que no entren en vigor el mismo 1 de enero, sino que se tratará «simplemente un retraso respecto a la aprobación». Por ello, asegura que están trabajando para que una vez que Sánchez haya sido investido, se impulsará el proyecto de las cuentas públicas del próximo año.

Cabe recordar que la elaboración de los Presupuestos los suele iniciar el Gobierno en julio, cuando Hacienda da la orden a los diferentes ministerios para que presenten las necesidades del próximo año, además de reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se informe a los comunidades y ayuntamientos de los objetivos de déficit. En 2023, de momento, este trámite no se realizado ante el anticipo de las elecciones generales al 23 de julio.

Y cabe destacar la importancia de los Presupuestos Generales del Estado, dado que se trata del proyecto de ley que recoge la política económica que el Gobierno de turno realizará en el año siguiente a su aprobación. En ellos se incluyen desde las inversiones, las transferencias a comunidades autónomas, las pensiones, las partidas sanitarias o las prestaciones de desempleo, entre otras cuestiones de vital importancia para las administraciones y los ciudadanos.

Por si fuera poco, el Ministerio de Hacienda tampoco se ha planteado definir para 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, hasta que no se conforme un nuevo Gobierno,con lo que difícilmente ningún organismo puede ponerse a trabajar con la calculadora, ya que es necesario conocer el techo de gasto para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado puesto que es la herramienta básica para poder gestionar las cuentas al fijar el tope con el que las diferentes administraciones públicas pueden establecer sus objetivos de estabilidad presupuestaria. Además, de que la Administración Central debe presentarlas a Bruselas para obtener su visto bueno.

A la vista de estos plazos incumplidos, la Constitución da la respuesta a lo que se debe hacer: «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Es decir, que si antes del 1 de enero de 2024 no han sido aprobados por el Congreso, se deberán prorrogar.

Además debería tenerse en cuenta otro posible retraso. Si nos adentramos en el mundo de los futuribles, es decir, que la investidura de Feijóo no prospere, y que la de Sánchez finalmente lo consiga, evitando unas nuevas elecciones generales (se celebrarían el 14 de enero), habría que tener en cuenta que el PP tiene mayoría en el Senado, por lo que las cuentas tendrían que superar vetos y retrasos interminables.

Nueve prórrogas

Si finalmente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se tienen que prorrogar, sería la novena vez que se produciría desde el comienzo de la democracia en 1976. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene en su haber contar con las cuentas públicas que más han sido prorrogadas, ya que los Presupuestos de 2018 estuvieron vigentes durante tres años, hasta 2021. A partir de ese momento, la actual ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, ha logrado sacar adelante cada año las cuentas públicas, como le gusta decir, «en tiempo y forma».

El Gobierno entrante tendría la posibilidad de introducir algunos ajustes a través de decretos ley, y en todo caso no es descartable que se puedan aprobar unos nuevos Presupuestos para 2024 que entren en vigor en cuanto se aprueben en las Cortes, aunque el ejercicio ya esté empezado.

Tampoco parece que se vean afectadas la revalorización de las pensiones, ya que se estableció su subida anual por ley, en función de la inflación. Ni tampoco pueden verse cambios en la subida de los salarios de los funcionarios.

Solamente queda en el aire lo que decida el nuevo Gobierno sobre las ayudas en vigor hasta el 31 de diciembre para dar respuesta a la crisis derivada de la guerra de Ucrania y la lucha contra la subida de la inflación como es la rebaja del IVA de los alimentos básicos, la electricidad o ayudas al transporte público.