Así lo ha indicado, flanqueado por el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE, Alberto Nadal, durante la presentación de los informes ‘Debate de la eficiencia del sector público: una contribución en el ámbito del número y coste del personal’ y ‘El traspaso de competencias en el sector público’, que trasladó a los partidos políticos antes de la elecciones del 20-N.
Aunque no quiso precisar cuántos empleados podrían ser despedidos en el sector público, Rosell aportó unas cifras aproximativas. En este sentido, explicó que en los últimos 33 años, desde 1978, se han transferido 821.000 empleados desde el Estado a las comunidades autónomas, que actualmente cuentan con 1.744.000 trabajadores.
Así pues, habría unos 900.000 empleados creados directamente en las administraciones autonómicas, de los que una parte, que tampoco concretó, se justificaría por el aumento de la población que atender en los territorios. En cualquier caso, la criba no debería pasar en las comunidades autónomas de las 900.000 personas.
Por otro lado, Rosell aseguró que la «consolidación fiscal es clave e imprescindible» para España, y, por ello, planteó incluso que se puedan exigir «responsabilidades personales» para los administradores públicos, además de ver cómo se puede gestionar mejor el «grandísimo gasto» existente en sanidad, educación y servicios sociales.
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