El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite los recursos de nueve de los condenados del procés contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión y se ha dirigido a España para pedir aclaraciones.

El Gobierno español debe contestar al TEDH antes del 12 de enero. El Tribunal quiere conocer cuál es la opinión del Estado sobre la versión de los condenados, que han alegado que vieron vulnerado el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fija que «nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional» y que contempla que tampoco podrá ser impuesta «una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida».

También pregunta si el Gobierno cree que el Supremo hizo una «interpretación imprevisible o expansiva del delito de sedición y/o malversación de fondos contraria al artículo 7 del Convenio».

Y si se vulneró, como alegan los afectados, su derecho a libertad de expresión y de reunión porque se limitaron a alentar a la población «a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia y a participar en un referéndum sobre la independencia de Cataluña». «¿Han sido condenados los solicitantes por un ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión, en violación del artículo 10 y/o el artículo 11 del Convenio?», pregunta el Tribunal

Otros de los condenados se quejan de que su encarcelamiento fue desproporcionado, de que el proceso al que fueron sometidos no fue equitativo y de que se vulneraron sus derechos políticos. Por ello, el TEDH pregunta si el Estado español comparte esta visión.