En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción ya que «es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal»

El juez precisa que no ha sido posible recabar declaración de María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica de la entidad y la persona que reportaba al Comité lo que se iba realizando en la entidad, ya que «se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia». Por eso, indica que «resulta preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma».

El BBVA recurrió la decisión del magistrado de llamar a sede judicial a la propia Arribas de Paz porque su declaración podría vulnerar el deber de secreto profesional y el privilegio abogado-cliente, además del derecho de defensa de la propia entidad. Para el banco, esta citación buscaba obligar a Arribas de Paz a declarar «en calidad de testigo sobre hechos de los que ha tenido conocimiento única y exclusivamente por su labor, como profesional de la abogacía y como abogada interna de la entidad».

En este mismo auto, el juez acuerda la petición de la defensa del exdirectivo de Riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, que solicitó que el medio de comunicación ‘El Confidencial’ facilitara una copia del archivo de audio publicado y que consta en las actuaciones relativo a una conversación entre Villarejo y el exdirector de Seguridad Julio Corrochano.

El juez lo cree necesario para saber si esa conversación consta entre los archivos intervenidos a Villarejo porque la Unidad de Asuntos Internos hasta el momento «no ha podido concretar si el audio en cuestión se encuentra entre el material aprehendido».

Sobre el acceso a los 2,3 millones de archivos aportados por la entidad a la causa y la realización de las periciales pertinentes, el magistrado da cinco días a las partes para que designen perito, «con expresa advertencia de que, en caso de no hacerlo, decaerá su derecho». «Medida que puede adoptarse para garantizar la proporcionalidad y equilibrio entre las partes, que no pueden verse impedidas en la realización de una diligencia, pero que tampoco tienen la posibilidad de dilatar su posible práctica», argumenta.