La Generalitat está más que molesta con la actuación en los últimos días del gobierno de Rodríguez Zapatero. Concretamente la última jugada ha sido el negar a pagar los 759 millones que contempla la disposición adicional tercera del Estatut por obras de infrastructuras no realizadas. Esta cantidad se acordó y firmó el 18 de julio en la comisión bilateral y por “ello lo incluimos en los presupuestos del 2011”, explicó el consejero de Economía Andreu Mas Colell quien consideró que este impago es consecuencia de una decisión política “porque no es verdad que el Gobierno central tenga problemas de dinero, tiene acceso al mercado y a los préstamos y se puede endeudar. Esta es una excusa de mal pagador”. Las críticas que los dirigentes nacionalistas han enviado al gobierno en funciones han sido gruesas. Mientras todos los partidos -salvo el PP- han cerrado filas con la Generalitat.

Pero la consecuencia es que esta decisión genera graves problemas de tesorería en la Generalitat que se ve obligada a tomar drásticas medidas. En cambio las posibilidades de la Generalitat –dada la actual coyuntura internacional- de recurrir al mercado internacional del préstamo las tiene cerradas.

A parte de las judiciales, el miércoles mismo presentaron un requerimiento al Ministerio de Economía para que abone esta cantidad. Si en el plazo legal establecido de un mes no ha pagado la deuda, recurrirán a los tribunales presentando un recurso contencioso administrativo.

Medidas de excepción

Acto seguido el consejero calificó de “medidas de excepción” que adopta la Generalitat para superar su mala situación de su tesorería. Primero negociar con los proveedores para dilatar algunos pagos. Por otra parte aplazar una parte de la paga extra a los funcionarios. “El 21 de diciembre se pagará la mensualidad íntegra y el 28 de diciembre recibirán una parte de la paga extra”, y aseguró que esta reducción espera que no llegue al 20%. Acto seguido trató de dulcificar la medida alabando la comprensión y la entrega de todos los funcionarios.

Paralelamente los funcionarios –que se habían reunido el miércoles en una nueva sesión negociadora avalada por la multitudinaria manifestación que realizaron el día anterior para protestar por los recortes en el futuro presupuesto. Los asistentes se levantaron para oír las explicaciones del consejero de Economía y lamentaron que las decisiones se tomen al margen de la mesa de negociación. Por ello el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, aseguró que estas medidas nada tienen que ver con la negociación que mantienen con los funcionarios para los presupuestos del 2010.

En esta negociación la Generalitat ha puesto encima de la mesa –cuyo objetivo es reducir 625 millones- que los funcionarios interinos reduzcan voluntariamente un tercio de su jornada laboral, para evitar tener que despedir  personal contratado . Con acuerdo o sin acuerdo la Generalitat tiene previsto aprobar el proyecto de presupuestos en su reunión del próximo martes, con lo que las posibilidades de llegar a un acuerdo contra reloj parecen muy lejanas.