El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha lanzado la oferta para contratar un banco asesor en la venta de su participación en CaixaBank, que asciende al 17,3%.

El contrato firmado en 2020, pocos meses después del anuncio de fusión y prorrogado dos veces, vence en octubre. La firma puede optar por presentarse de nuevo y lograr la licitación, en la que relevó a Nomura.

El banco asesor juega un papel clave en la gestión de la participación del Estado en CaixaBank, no en la decisión de vender parte o la totalidad de las acciones, que solo puede tomarla el Gobierno, pero sí para  encontrar los momentos más adecuados para esa desinversión, siempre con el objetivo de maximizar la recuperación de recursos públicos.

El Gobierno, con Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, promovió la fusión de Bankia y CaixaBank para facilitar la venta de la participación pública y elevar su valoración, pero no se ha desprendido de una sola acción en cinco años.

Con Luis de Guindos como ministro de Economía, el Gobierno del PP ejecutó dos ventas de paquetes de acciones: en 2014 vendió el 7,5% de Bankia por 1.300 millones y en 2017 colocó otro 7% por 800 millones.

El Estado inyectó 22.000 millones para rescatar Bankia, de los más de 58.000 millones con los que reflotó el sector financiero gracias al rescate de Bruselas. Del dinero dedicado a Bankia, el FROB calcula que solo podrá recuperar unos 6.000 millones, sumando el valor de la acción, los 1.400 millones cobrados en dividendos y los 2.100 millones por las ventas de acciones.

Tampoco hay prisa, porque el plazo máximo legal para que el FROB culmine la desinversión no se registra hasta 2025.