El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales sentencia que Juan Carlos de Borbón no puede ser juzgado en el Reino Unido por la demanda por presunto acoso que presentó Corinna Larsen y en la que le reclama 126 millones de libras (unos 146 millones€) en concepto de daños y perjuicios.

«El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada», argumenta la juez Collins Rice.

En la resolución, la juez explica que tampoco está convencida de que el demandado se haya sometido, o deba considerarse que se ha sometido, a la jurisdicción del Tribunal Superior por su propia conducción de este litigio hasta el momento.

En julio, el bufete británico Velitor Law, que representa al rey emérito de España, solicitó que se desestimara la demanda de Larsen al considerar que los tribunales de Reino Unido no eran los competentes para conocer de esta demanda. Esta petición se basó en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.

Como este caso se inició antes de que acabara el periodo de transición para el Brexit, fijado hasta el 31 de diciembre de 2020, son los tribunales españoles los competentes para ocuparse de la demanda de Larsen.

También alegó que «la cuestión clave» era si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido era el lugar donde se produjo el presunto ‘evento dañino’ o el ‘daño directo’, algo que los abogados de Larsen no habían demostrado.

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa fue «la evidente falta de credibilidad de la demandante».