El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez terminará el
viernes la sucesión de consultas con dirigentes políticos, sociales y económicos sobre su investidura como
jefe del Ejecutivo para la nueva legislatura que comenzó en agosto pasado. De la derecha y la
ultraderecha nada puede esperar. Dos veces se han manifestado en la calle, en Madrid y Barcelona, contra
la continuidad de Sánchez al frente de un gobierno de coalición progresista. La percha de la amnistía que
reclama el expresident catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española, para que su formación
política, Junts, pueda votar a favor de la investidura de Sánchez, ha servido de ariete al PP y Vox para
arremeter contra Sánchez.

El gobernante socialista, por lo demás acostumbrado a los insultos de los vociferantes del PP y
Vox en el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional, ha dado pasos valientes para desjudicializar el
conflicto catalán, tiene credibilidad y su apuesta por la convivencia va prosperando. Y eso saca de quicio
a la derecha. Los capitostes del PP y Vox califican la amnistía de traición a la democracia, la igualdad ante
la ley y la Constitución, y reclaman nuevas elecciones. Téngase en cuenta que el candidato del PP quedó a
cuatro votos de la investidura, una fisura que el aguaplás de los nuevos comicios puede sellar. ¿Y después
qué?

Los nuevos comicios podrían, en efecto, ocultar la fisura, un tente mientras cobro; los magistrados
seguirían, a su ritmo, instruyendo las causas contra los llamados “indepes” (unos tres mil, incluidos
profesores y directores de centros de enseñanza) y a renglón seguido volvería el encono y el
enfrentamiento. ¿A quién puede beneficiar la agitación en Cataluña y el efecto en el País Vasco? El
profesor Montoro, con todos sus defectos y su sabiduría lingüística y dialéctica llamó “regularización” a
lo que se conoció como “amnistía fiscal”. La izquierda en la oposición protestó amargamente, pero
comprendió que mejor era repatriar capitales que mantenerlos ocultos y, desde luego, no llegó a desvelar
el listado de amnistiados. Quizá en vez de “amnistía” deberían llamarle regularización. ¿O es que para
pagar impuestos no somos también iguales ante la ley?

El PP de Feijóo ha elegido su opción, la mano dura, Vox, la “derogación del sanchismo” incluso en
la modificación de los delitos de prevaricación y malversación que rebajaban la pena cuando el dinero
público no iba a los bolsillos de amigos, parientes, amigantes y demás familias, sino a otras finalidades
públicas, y la aumentaba cuando era “pro domo sua”. El PP y Vox se han esforzado bien poco, más bien
nada, en comprender, asumir y desarrollar el Estado plurinacional, integrado por nacionalidades y
regiones, que consagra la Constitución. Y ese no solo es su problema, sino el de todos los que queremos
una convivencia en paz y progreso.

El presidente Sánchez cerrará el viernes la ronda de encuentros para la investidura con los
representantes de EH-Bildu, cuyo voto favorable se fundamenta en los avances sociales, y con Junts per
Catalunya, cuyo líder Puigdemont podrá renovar su escaño en el Parlamento Europeo en las elecciones
del 9 de junio de 2024 sin pasar por el Tribunal Supremo, pero no gracias a la “amnistía” de Sánchez, sino
al tiempo judicial de la causa y sus recursos y apelaciones. Lo que a Sánchez no le va a faltar serán
manifestaciones de derechas contra la amnistía, como aquellas que promovía el señor Aznar contra el alto
el fuego y el final del terrorismo de ETA en las que gritaban: “Con Zapatero como con su abuelo”, al que
fusilaron los sublevados facciosos.