Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior con Jorge Fernández Díaz como ministro, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de abrir juicio oral contra él y los demás procesados por la  ‘Operación Kitchen’. Argumenta que excluye indebidamente al PP como responsable civil subsidiario cuando, supuestamente, el espionaje sobre el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas se hizo para favorecer a la formación

En un escrito, la defensa del número dos del Ministerio de Interior con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, reclama a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule el auto de apertura de juicio oral porque el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 apreció erróneamente la prescripción de la responsabilidad civil del PP

“Es absolutamente lógico que, si se supone que nuestro representado, en unión a los otros coacusados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible condena civil, o incluso que la suspensión de una hipotética condena puede pasar por el pago de la responsabilidad civil, cuantos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia tiene nuestro representado”, alega el abogado de Francisco Martínez.

La defensa recuerda que, según el auto de procesamiento y los escritos de acusación, los encausados -entre ellos el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo-, “decidieron espiar y finalmente sustraer información delicada al señor Bárcenas siempre en beneficio del Partido Popular y utilizando para ello fondos reservados”.

Por ello, el PSOE pidió que el PP compareciera como responsable civil subsidiario, como partícipe a título lucrativo, pero el magistrado acoge una tesis “exótica” -a juicio de Martínez-, basada en que la acción civil habría caducado al no haber citado nadie al PPcomo responsable civil hasta este momento.

Si la Sala de la Penal da la razón a García Castellón, “esto podría afectar, por absolutamente novedoso, a accidentes laborales en los que hay seguros y empresas causantes del delito contra los derechos de los trabajadores, delitos fiscales, contra la Seguridad Social, fraudes de subvenciones, delitos con aseguradoras detrás (muertes en residencias, accidentes de tráfico, etc.)”.

Además, aprovecha para reprochar que, “misteriosamente, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, y aún más misteriosamente la familia Bárcenas, PSOE y Podemos, se han olvidado de pedir la imputación del Partido Popular como persona jurídica, habiéndose acusado por delitos como el del 197 del Código Penal, descubrimiento y revelación de secretos, a los autores, policías y cargos políticos que supuestamente cometieron esos delitos para favorecer al PP”.

La defensa de Martínez también pide que se anule la fianza impuesta, de 120.000 euros, o al menos se iguale con el importe fijado para los demás acusados: “Como quiera que no podemos obligar a que se eleve la responsabilidad de los más favorecidos, al suponer una ‘reformatio in peius’, solicitamos se equipare la responsabilidad civil de nuestro cliente a la de la responsabilidad civil más baja establecida (2.000€)”.

Para la defensa, “la señalada divergencia de cantidades, además de carecer de una absoluta falta de motivación”, tampoco se compadece con lo dispuesto en la ley porque “las acusaciones del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado cifran por debajo de los 60.000e el supuesto fraude a los fondos reservados, con lo que es imposible alcanzar la cifra impuesta”, de 120.000€. “El auto no justifica, ni siquiera mínimamente, por qué se imponen cantidades tan distintas entre unos supuestos coautores y otros, cuando, si existe condena civil, esta será solidaria entre todos los coautores”.