La creciente incorporación de la mujer al trabajo y su voluntad de ser y existir
en nuestro mundo ha terminado obligando al conjunto de las sociedades a
abordar el tema de la igualdad y de la conciliación de la vida laboral y personal.

La mujer no acepta ya ser la que complementa la economía familiar con
algunos ingresos. Tampoco que la recluyan en determinados puestos de baja
categoría, baja cualificación y bajo salario.

Las administraciones españolas, como en otros muchos países, se han visto
forzadas a dar pasos como la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral de
1999, o la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007. La igualdad
y la conciliación eran su objetivo, pero no bastaba con ello, había que dar
pasos en la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la atención a la
familia.

Así nacieron los planes de igualdad en las empresas, los permisos de
paternidad y las mejoras en la posibilidad de utilizar los permisos de
maternidad y paternidad de forma flexible, facilitando excedencias, o
reducciones de jornada para atender las necesidades familiares, no sólo con
respecto a la guarda y cuidado de niños, sino también en el caso de atención a
otros miembros de la familia.

Europa nos ha empujado por este camino y la flexibilidad y acceso a fórmulas
de trabajo flexibles y permisos para trabajadoras y trabajadores que tengan que
atender necesidades familiares de atención y cuidados, se han generalizado a
raíz de la trasposición de la Directiva de Igualdad del Parlamento Europeo del
año 2019.

Hasta el COVID ha hecho necesario y posible que el teletrabajo, sea regulado
en la Ley de trabajo a distancia de 2021, estableciendo medidas específicas
que garanticen la desconexión digital, momentos de descanso, regulación del
tiempo de trabajo, de vacaciones, o de permisos.
Recientemente hemos conocido cómo el gobierno progresista de la Comunidad

Valenciana ha intentado ensayar la posibilidad de una semana laboral de 4
días, siguiendo experiencias similares en países como Suecia, Bélgica, o
Islandia. Las opiniones, incluso dentro de los partidos progresistas, no es
unánime sobre la posibilidad de generalizar este tipo de experiencias piloto.

Y, sin embargo, ganan terreno las demandas y los planteamientos que obligan
a algunas grandes empresas a establecer una cultura social y empresarial que
remueva las dificultades de todo tipo, las trabas que obstaculizan la igualdad y
la conciliación de la vida laboral y familiar.

Lo cierto es que la falta de flexibilidad real en muchas empresas y puestos de
trabajo, dificulta el cuidado de los menores y de las personas dependientes en
la familia, impiden la realización de gestiones de todo tipo, complican el
desempeño de las tareas del hogar y hasta imposibilitan atender a necesidades
y cuidados personales.

El ocio queda siempre sometido al negocio. Nos acusan de no tener hijos, de
las bajas tasas de natalidad del país. La mayoría de las parejas españolas
desearían tener dos o más hijos, pero al final, la realidad es que nuestra tasa
de natalidad es la más baja de Europa.

Las leyes, siguiendo a la sociedad, apuestan por la conciliación, la igualdad y la
flexibilidad. Las empresas tienen la obligación de apostar por la igualdad y
favorecer la conciliación. De hecho la igualdad, la sostenibilidad, o la
responsabilidad social corporativa, forman parte de la inversión en reputación y
en publicidad de muchas empresas.

Sin embargo, las dificultades prácticas y reales, son muchas. La escasa
formación de los directivos y sus subordinados en materia de conciliación, hace
que en la mayoría de las empresas esté mal visto que un empleado, o
empleada, adopte medidas de flexibilidad.

La gran mayoría de las empresas sigue apostando por el presentismo,
asegurar la presencia en el puesto de trabajo, realizar largas jornadas de
trabajo, en lugar de favorecer la productividad, la innovación, el teletrabajo, sin
ser conscientes de la evidencia de que esas jornadas prolongadas impiden las
mejoras de productividad.

Una sociedad sensata, en un mundo cada vez más difícil y cambiante, debería
apostar por contar con personas, con familias, con comunidades, capaces de
resistir a los nuevos problemas, gobernar los cambios, conciliar, integrar. Eso
significa nuevos marcos de trabajo, no sólo legales, sino culturales.

Significa, de otra parte, una mayor capacidad de trabajar en equipo para
conseguir objetivos compartidos y acordados. Y todo ello implica una revisión
en profundidad de los horarios laborales, que permita que las personas,
mujeres y hombres, puedan trabajar con dignidad y disfrutar de una vida
decente.

La tarea a la que empresarios, sindicatos y gobiernos deberían entregarse sin
reservas, a tumba abierta, sin otros límites y condiciones que el bienestar de
las personas y el desarrollo de nuestras sociedades.