El Cercle d’Economia apoya la amnistía como medida legislativa que contribuya «a pasar página a unos hechos que nunca debieron haberse producido», pero cree que las personas que se beneficien de ella deberían aceptar el marco de la Constitución:  «las reafirmaciones en la unilateralidad son incompatibles con cualquier pacto dirigido a la normalización política»

En el comunicado ‘Una salida para Cataluña, una propuesta para España’, lamenta que la «actual fase de normalización en Cataluña» se vea frenada por las causas abiertas por la justicia a los líderes independentistas y a varios centenares de cargos públicos y encausados.

La aprobación de una amnistía no debe responder a cálculos partidistas ni para «ganar una investidura». Debe discutirse en el Congreso de los Diputados y ofrecer «»a máxima seguridad jurídica» para que el Tribunal Constitucional no la puede echar para atrás.

Al mismo tiempo, el Cercle pide un nuevo Estatut que «garantice un marco de convivencia para las próximas décadas» y contra el que, si se aprobara en referéndum, no cabría recurso alguno. También debería «encajar bien» con una reforma del modelo territorial para evitar una nueva colisión entre la norma catalana y la Constitución, como pasó en 2010.

«El problema de Cataluña no es solo el camino equivocado» del independentismo, sino, la ruptura del consenso sobre el Estatut que se produjo con la sentencia del Tribunal Constitucional en contra. El comunicado del Cercle omite que el recurso contra el Estatut ante el Constitucional fue decisión del PP:

«Es preciso un reconocimiento del carácter plural de España» y una distribución de competencias entre Estado y autonomías con más claridad. Cataluña debería tener competencias exclusivas en lengua, enseñanza, cultura, derecho civil, ordenación territorial u organización interna de la administración autonómica, para que quede «protegido el bloque identitario, eje del sentimiento nacional catalán».

También reitera la necesidad de mejorar las infraestructuras de energía y movilidad en Cataluña, así como aumentar la inversión en I+D+I. Y subraya que, para materializar estas inversiones, es necesaria una «buena gestión» de la Generalitat y un incremento de la colaboración público-privada. En este sentido, recuerda que la disposición transitoria 3ª del Estatut de 2006 marca que la inversión estatal en Cataluña debe ser igual a su peso en el Producto Interior Bruto (PIB).