Casi en paralelo a la jura de la princesa Leonor, directivos de Repsol certificaban el
cumplimiento de la amenaza de deslocalización de inversiones del consejero delegado
de la multinacional, Josu Jon Imaz, y confirmaban la paralización de cinco proyectos de
interés primordial para la transición energética en España que, en conjunto, sumaban
una inversión mínima de 3.000 millones de euros e incluyen los dirigidos a la
producción de hidrógeno y valorización de residuos urbanos.

Siguiendo la línea marcada por Ferrovial, la petrolera española reacciona así al acuerdo de gobierno firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y especialmente con respecto a medidas como la continuidad del llamado Gravamen Temporal Energético, que consideran ilegal e inconstitucional por discriminatorio, y que junto a otras medidas
como los impuestos a la banca y a los ricos, la modificación del impuesto de Sociedades para gravar los ingresos y no los beneficios o la reducción de la jornada laboral, están creando una inseguridad jurídica en España para las empresas y una pérdida de competitividad que espanta a las inversiones extranjeras y provoca la fuga de empresas y proyectos de firmas nacionales.

Y ellos han sido los primeros, pero no serán los únicos. La también energética Endesa y los bancos Santander y BBVA han denunciado también la arbitrariedad y la persecución del gobierno a las empresas, que son las que crean empleo y riqueza en los países democráticos.

“Hay que pagar impuestos pero si se paga demasiado la gente se
marcha”, avisaba la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Mientras que el CEO
de BBVA pronosticaba una caída de la inversión extranjera mientras se preguntaba
“Quién va a invertir en un entorno en el que las normas no paran de cambiar”.

También el CEO de Endesa, José Bogas, y de Bankinter, María Dolores Dancausa,
coincidían en considerar el impuesto “discriminatorio”, sumándose a las denuncias
realizadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y del comunicado de la
patronal en el que se calificaba de “atropello” a las 230 medidas pactadas por los
partidos socialpopulistas de la Frankestein.

Y es que la presión fiscal que soportan en España las empresas , las familias y los
contribuyentes en general es no sólo abusiva, sino que empieza a resultar insoportable
como muestra el informe sobre Competitividad Fiscal, elaborado por el Instituto de
Estudios Económicos (IEE) en el que se constata que los ingresos tributarios de
Hacienda en 2022 y 2023 alcanzan máximos históricos superando en más de 50.000
millones de euros la recaudación de 2019, un 23,4% más, duplicando el 11,5% en que
ha crecido el PIB nacional en ese periodo.

Igualmente, la presión fiscal en España (ingresos tributarios en relación con el PIB)
alcanzó cifras récord en 2022, superando el 42% del PIB por encima del promedio de la UE que fue del 41,7%, con el añadido de que algunas de las principales economías
europeas están bajando impuestos. Así, Alemania ha rebajado temporalmente el IVA y
ha anunciado una reducción del peso de las cotizaciones sociales sobre los salarios;
tendencia seguida en Estados Unidos, Francia e Italia, donde las medidas fiscales
anticrisis han estado marcadas por el rechazo a subir impuestos y la voluntad de crear
un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida.

También es España el país europeo con mayor porcentaje de ingresos públicos
aportados por las empresa, con un 32,5% del total de la recaudación tributaria casi 10
puntos por encima del 23,9% de la media europea.

Y con este panorama todavía desde el Gobierno califican de antipatriotas a los
empresarios y se extrañan de que las empresas, que se deben a sus accionistas y no a los caprichos intervencionistas de un gobierno elefantiásico que se muestra incapaz de crear empleo y riqueza, busquen nuevos horizontes fuera para seguir manteniendo actividad, productividad y competitividad.

Como dice el refranero, “cree el ladrón que son todos de su condición”.