El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón toma la decisión de imputar al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemint, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por el caso Tsunami Denmocràtic. Lo hace tras recibir un informe de la Guardia Civil sobre terrorismo. Además, pide investigar, cuatro años después, la “vinculación” del bloqueo de El Prat por los independentistas catalanes con la muerte de un viajero francés por infarto.

La Fiscalía estudia recurrir el auto, publicado en medio de las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye una ley de amnistía que implicaría, automáticamente, el archivo de la causa.

«Las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva», argumenta Manuel García-Castellón.

“El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista», señala el auto en referencia al bloqueo del Aeropuerto de El Prat, el intento de cerrar los accesos del centro de control aéreo Enaire de Barcelona Gavià, o de bloqueo de los accesos al Aeropuerto de Barajas, entre otros.

El juez ordena que se identifique a «los perjudicados» por Tsunami, como un agente de la policía que «resultó herido» durante los altercados del 10 de octubre de 2019, además del ciudadano francés fallecido. Y que se determine «sobre el uso de armas u otros instrumentos» por parte de quienes participaron en las protestas.

Sobre Puigdemont, es «una de las personas que está acreditado» que acudieron a las reuniones en Ginebra (Suiza) del 29 a 31 de agosto de 2019, y en las que «pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic».

Al ser eurodiputado, el juez le ofrece la opción de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional. En caso de no aceptar esa posibilidad, Manuel García Castellón emitirá un suplicatorio al Parlamento Europeo para que tenga que comparecer como investigado (imputado).

Junto a Puigdemont y Rovira, el magistrado extiende la investigación a Josep Lluis Alay, considerado ‘mano derecha’ de Puigdenmont; Naría Xavier Vendrell, exmilitante de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC; Oriol Soler, empresario de la comunicación de la órbita de ERC; Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC desde 2022; Josep Campmajó, empresario de Girona que presuntamente ejercía como lugarteniente de Vendrell; Jesús Rodríguez, empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani, cerebro económico de la estructura de Puigdemont en el extranjero; Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Òmnium Cultural; Nicola Flavio, que presuntamente realizó una aportación económica a Tsunami, y Ruben Wagensberg, diputado y cuarto secretario del Parlament de Cataluña por ERC.

También cita como testigo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi; a Marta Vilalta, en aquella época portavoz de ERC.