Estamos viviendo días de infamia, comentaba recientemente el diplomático y ex
embajador ante la ONU, Inocencio Arias. Días en los que cual la antítesis de Robin
Hood, Pedro Sánchez roba a los pobres para dárselo a los ricos. Porque las exigencias de los independentistas, que el sanchismo está dispuesto a aceptar, no sólo plantean eliminar las causas penales, administrativas y contables de los golpistas, mediante la aprobación de un ley de amnistía y asentar las bases para un referéndum de autodeterminación, sino que entre las exigencias claves de los golpistas en las negociaciones para la investidura de Sánchez existen también cuestiones de importante trascendencia económica como la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 15.000 millones de euros más el ahorro de 1.300 millones de intereses, que de consumarse supondría una flagrante discriminación con el resto de las autonomías, vulnerando el principio constitucional de igualdad entre los españoles.

Una cantidad de 15.000 millones de euros que supera el presupuesto total de Galicia, del País Vasco y de la mayoría de las comunidades autónomas del resto del Estado.

El independentismo espera, además, recuperar con la amnistía 17 millones de euros
correspondientes a las fianzas depositadas en las diversas causas abiertas por la Justicia contra los independentistas, e incluir dentro de la amnistía a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borrás, condenada a cuatro años y medio de cárcel, a 13 de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros, no por su implicación en la intentona golpista, sino por falsedad en documento oficial y prevaricación por adjudicar contratos a dedo a un informático con el mantenía una relación de confianza.

Añadido a todo esto los 3,1 millones de euros que se reclaman a Carles Puigdemont y a cada uno de los más de treinta ex altos cargos de la Generalitat por desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior dentro de la frustrada declaración de
independencia.

No olvidemos que si el delito de sedición fue suprimido por Sánchez a
voluntad de Junts y de ERC, la malversación, aunque rebajada, continúa vigente.

Con el colofón del traspaso al gobierno autonómico catalán del transportes de Cercanías en Cataluña, conocido como Rodalíes, a pesar de que en mayo pasado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, negó que esto fuera posible porque los trenes que utiliza Cercanías lo hacen por toda España.

Otra bajada de pantalones, que se remata con el filibusterismo parlamentario del PSOE, cediendo diputados a Junts y ERC para que puedan formar el grupo parlamentario que no han conseguido con el resultado de las urnas. Según el régimen económico del Congreso actualizado en junio, la subvención por grupo es de 30.346,72 euros mensuales, además de una variable de 1.746,16 euros mensuales por cada diputado. Como disponen de 7 diputados cada uno, ERC y Junts, percibirán 42.569,84 euros al mes, si es que finalmente consiguen tener grupo propio.

Dineros y concesiones que pagaremos el resto de los españoles, usted amigo lector y yo, con nuestros impuestos y que, además, implicarán un descenso del presupuesto para inversiones públicas del Estado y de servicios sociales especialmente en sanidad y educación.

Todo ello con el consentimiento y la complicidad de los diputados socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y el resto de comunidades españolas, que
por su falta de coraje y sumisión a las ambiciones de su jefe están traicionando a los
ciudadanos de su regiones respectivas y, sobre todo, traicionando a España. Incluidos los que como Emiliano García-Page, hablan mucho pero no hacen absolutamente nada para impedir la deslealtad teniendo facultades para hacerlo.

Como en la inmortal novela de Fedor Dostoivski la inmensa mayoría de los españoles,
todos menos los nacionalistas catalanes, estamos humillados y ofendidos por un
presidente, Pedro Sánchez, y un gobierno que se ha convertido en el felpudo de los
delincuentes golpistas catalanes, carente de toda dignidad y que nos vende,
convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, por el plato de lentejas de una investidura
que no es por el bien de España, sino por el bien particular del inquilino de La Moncloa
y de la pléyade de estómagos agradecidos que le deben hacienda y posición.