Esta tercera semana de noviembre se celebrará por fin la investidura del presidente del Gobierno surgido de las elecciones de julio pasado. El pleno llega precedido del registro de la amnistía a todas las personas, de uno y otro lado, implicadas en el proceso independentista catalán que culminó en el referendo ilegal del 1 de octubre de 2017 en el que casi dos millones de catalanes votaron por la independencia, es decir,
por crear la República de Cataluña. Vale recordar que el entonces presidente del Gobierno del Reino de España, Mariano Rajoy Brey, pasó meses y años diciendo que no habría referendum. Lo hubo.

La incapacidad política de dos sujetos como Artur Mas y Mariano Rajoy, uno penal y el otro penoso, tensó la cuerda hasta llegar a la consulta promovida, no por Mas, incriminado, cesado y multado, sino por el designado sucesor, Carles Puigdemont, un periodista al fin y al cabo que llegó a ser alcalde de Girona y en cuya testa sin peinar no entró entonces la renuncia al programa máximo: la creación por vía democrática del Estado catalán. Ya es sabido cómo el hombre que no se peina y otros cinco colegas
nacionalistas acabaron refugiándose en Bélgica y Suiza para no ser detenidos, encarcelados (por más de dos años y medio) y juzgados por el Tribunal Supremo. La suspensión y reposición de la autonomía catalana completó el relato de aquel tiempo del que muchos no quieren separarse.

Es menester recordar todo aquello, como asimismo el encargo del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a determinados policías (“policía patriótica” le llamaron) de investigar a los líderes nacionalistas, incluidos alcaldes y concejales, para buscarles las vueltas por cualquier presunto delito, empapelarlos y reclamar su cese. Es necesario recordar aquel ambiente de fuerte hostilidad política Madrid-Barcelona, crispación ciudadana, lazos amarillos, comités de defensa de la república, sunami
democratico, etcétera, para valorar la acción paciente y continuada del socialista Pedro Sánchez en el restablecimiento de la convivencia. Los balcánicos a los que se refieren ahora los jefes “intelectuales” y oficiales de la derecha fueron otros, los que tensaron la cuerda para “romper España” porque el rechazo de las reivindicaciones catalanas les daba votos en otros lugares, fueron los nefastos políticos del PP y sus aliados de la ultraderecha.

Si la primera premisa pasa por entender lo ocurrido, es decir, el fracaso de la política en y con Cataluña, la segunda no puede ser la repetición de la primera, sino la incapacidad de la derecha para evolucionar o por lo menos aprender de los errores. Pero ante la investidura hay más premisas. La capacidad de Pedro Sánchez de negociar y llegar a acuerdos con la mayoría de las fuerzas democráticas
para consolidar la convivencia mediante una ley de amnistía suscrita por los grupos parlamentarios que ostentan la mayoría. La amnistía es una medida de gracia que afecta a los empapelados por el “procés”, beneficia al interés general sin perjudicar a los que rebuznan al frente de las masas.

Otra premisa, a pesar de los manifiestos judiciales y de las actuaciones del magistrado García Castellón, es que la amnistía no está en la Constitución. El mencionado juez de la Audiencia Nacional, que ahora, con una pirueta para romperse el cuello imputa terrorismo a Puigdemont, llega a comparar la amnistía con la esclavitud, “que tampoco está en la Constitución y no se lleva a la realidad”. ¿Ignora que la Constitución contempla medidas de gracia y que la amnistía es una de ellas? ¿Ignora que la esclavitud es un delito castigado con hasta ocho años de prisión? Con tan incompetente comparación ¿querrá hacer creer a alguien que la amnistía es un delito?

Y otra premisa, con permiso del lector: Feijóo se abrazó a la ultraderecha y perdió el margen de maniobra para que le invistieran jefe de Gobierno. Fracasó. Ni en segunda votación pudo encontrar tránsfugas para cumplir el mandato del Rey. La señora Aguirre era más lista. Sus elogios posteriores al programa económico de Junts per Catalunya, todo un guiño para animarle a forzar nuevas elecciones generales, cayó en saco roto. El resto ha sido desvarío, insultos, falacias y mala leche (y también violencianazi-fascista) contra el PSOE. El mal perder, o sea…