Se hablaba mucho, durante el proceso de negociación de la reforma de la
formación para el empleo, allá por 2013, del diálogo social como un
instrumento capaz de ordenar el flujo de las necesidades de las empresas con
las posibilidades que genera la formación profesional.

Se hablaba mucho, se habla aún mucho, en sectores empresariales, sindicatos
y gobiernos, de la negociación colectiva en las empresas y en los sectores
como instrumento necesario para propiciar el encuentro entre necesidades
formativas y la cobertura que ofrece de la cualificación.

Supusimos que las Comisiones Paritarias Sectoriales de empresarios y
sindicatos podrían detectar necesidades y poner en marcha los procesos
formativos adecuados para obtener la mejor cualificación posible. Se intentaba
que la formación programada por las empresas fuera fruto del acuerdo y seiera
en el centro del sistema de formación.

Las necesidades productivas cambian de forma acelerada en nuestro mundo y
las respuestas deberían de ser inmediatas, ágiles, flexibles. Para ello quisimos
reforzar la formación ofertada por las administraciones públicas, junto a la
programada por las propias empresas.

La formación para desempleados y la formación para ocupados debían formar
parte de la misma actuación para formar trabajadoras y trabajadores
cualificados capaces de afrontar los procesos productivos en marcha y los
nuevos procesos productivos.

Contábamos con un poderoso instrumento financiero, con una cuota de
formación aportada por cada empresa y cada trabajador con carácter finalista,
es decir, con la obligación de ser dedicada exclusivamente a formación de
trabajadoras y trabajadores.

Una cuota que anualmente debía repartirse a las Comunidades Autónomas,
pero destinada exclusivamente a financiar formación para el empleo, en sus
diferentes versiones de formación de oferta a cargo de las administraciones, o
la formación de demanda procedente de las empresas y que se bonifica en
función de la cuota que aporta cada empresa.

De esta forma los recursos procedentes de la cuota de formación, los dineros
venidos de Europa y los recursos aportados fundamentalmente por el Estado a
través del SEPE, o por las Comunidades Autónomas parecía que podrían tener
el mejor destino.

Han pasado los años desde aquellas negociaciones y las evaluaciones a las
que se ha sometido este sistema siguen poniendo de relieve la disparidad de
los objetivos y estrategias del gobierno central, las Comunidades Autónomas,
los denominados agentes sociales (organizaciones sindicales y empresariales)
y las empresas y entidades de formación.

Siguen evidenciando la dependencia del sistema de la exclusiva utilización de
subvenciones públicas, o concesiones de las administraciones, marcando una
gran supeditación financiera. La corrupción que anidó en la formación ha querido combatirse con la rigidez en la gestión de un sistema deficiente de
cualificaciones.

Además no se ha corregido el problema esencial de la relación entre formación
inicial, formación permanente, formación para el empleo y necesidades reales
del aparato productivo. La alabada formación dual, la que combina procesos
formativos y trabajo en las empresas, sigue siendo más un deseo que una
realidad, aunque se hayan dado algunos pasos en este sentido.

En el campo de la Formación Profesional inicial y de la formación continua y
permanente en el empleo, sigue siendo esencial tomar muy en cuenta las
necesidades de empresas y de las personas para estar mejor preparadas para
afrontar los retos de un mundo en transformación constante. Y para ello la
cualificación de las personas trabajadoras es determinante.

Mejoras de la cualificación que tienen que ver con el desarrollo de las nuevas
tecnologías, con la digitalización, pero también con la implicación cada vez
mayor de los centros de formación y las propias universidades en un nuevo
sistema de formación profesional cada día más cercano al territorio y a las
empresas.

Así pues, el diálogo social y la negociación colectiva, la acción de gobierno,
sólo son útiles cuando ponen en valor y dinamizan el potencial innovador de las
empresas y transformador de la vida de las personas y del entorno en el que
compartimos experiencias, necesidades y voluntad de convivir.
Francisco Javier López Martín