“No es fácil defender las inversiones en España cuando salen grandes empresas
diciendo que se van”. Con estas palabras explicaban los directivos de MSC la
paralización del proyecto de inversión de 90 millones de euros en el Puerto de Valencia.

Paralización que coincidía en el tiempo con el comunicado de la CEOE en el que, tras
analizar los pactos contra natura de Pedro Sánchez para conseguir su investidura, la
cúpula de la organización empresarial advertía de que se está creando un clima de
negocios cada vez más complicado en el que es difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. Para añadir que, a la vista de los acuerdos, «es previsible una distorsión de la unidad de mercado y un deterior de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y para el bienestar de la sociedad española”.

Declaración ésta que más que un aviso es la exposición literal de lo que ya está
ocurriendo aquí y ahora y de forma muy especial en nuestro sector exterior como
demuestra la caída del 26,6% de las inversiones productivas extranjeras en España
durante el primer semestre de este año, hasta sólo 11.996 millones de euros, que
recogen los últimos datos del Registro de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de
Estado de Comercio, siendo reseñable que más del 70% de esas inversiones vinieron a Madrid.

Descenso en la entrada de capitales productivos que tiene graves repercusiones sobre el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo y que, entre otras causas, obedece al clima de inestabilidad política, la inseguridad jurídica, al endurecimiento de las condiciones financieras y la ralentización de la actividad económica. Razones a las que The National Bureau of Economic Research añade el cóctel de impuestos al que están sometidas las empresas, que empuja a España a la cola de Europa en competitividad fiscal.

En plena batalla por captar inversión extranjera, nuestro país se presenta como uno de
los socios menos atractivos y fiables de la UE, y acusa las consecuencias de la elusión
fiscal. De hecho, los efectos de la huida ya se han dejado notar en la recaudación.
España deja de recaudar una media de 4.300 millones de euros por la fuga de beneficios de las multinacionales a los paraísos fiscales y países con una tributación más baja que la española.

Pero no son solo las inversiones, porque el deterioro de la competitividad, el clima de
negocio y la imagen exterior de España está repercutiendo negativamente también en las exportaciones que el pasado agosto, últimos datos oficiales, cayeron un 10%, tasa que supone el mayor desplome de las ventas exteriores españolas en lo que va de año y el quinto mes consecutivo de descensos. Este mes de agosto es además el que ha
experimentado la peor caída en una década. Sólo se registraron retrocesos en el año
2014, 2019 y 2020.

Un naufragio del sector exterior, que ha sido el buque insignia de la recuperación de
nuestra economía, al que se añade el hecho de que España ha dejado de ser la
locomotora económica de Europa. Mas bien, al contrario, porque Bruselas acaba de
anunciar que la economía españolas se ralentizará desde el 2,4% este año hasta el 1,7% en 2024, al tiempo que el PIB per cápita en nuestro país ha regresado a niveles de hace cinco décadas, situándose un 15% por debajo de la media de la Eurozona. El desempleo y la caída de la productividad explican en gran medida esta brecha, que se ha ampliado en los últimos años.

En la misma línea, la renta de los hogares crece por debajo de la OCDE, con un ingreso real registrado en el segundo trimestre de 2023 que aumenta un 0,37% frente al 0,5% de media de la organización que agrupa a los países industrializados y, en nuestro caso este crecimiento muestra ya evidentes síntomas de agotamiento. La alta inflación las menores rentas salariales y unos impuestos abusivos explican este empobrecimiento general. Y frente a esto nuestro gobierno y los responsables económicos siguen como los tres monos sabios del santuario de Toshogu: sordos, mudos y ciegos.