La Comisión Europea da luz verde al aumento de la ayuda estatal de España

20/11/2023

Carlos D. Marcos. Considera apropiado respaldar a las empresas con alto consumo de energía, evitando su deslocalización hacia países con políticas climáticas menos rigurosas.

El régimen de ayudas estatales en España aumentó su presupuesto a 5.610 millones€. Este incremento tiene el propósito de compensar a las empresas de gran consumo energético por los costes indirectos de emisión, resultantes del impacto de los precios del carbono en los costes de electricidad.

El régimen pretende ofrecer una compensación parcial a ciertas empresas de alto consumo energético debido al aumento de los precios de la electricidad relacionados con los «costes indirectos de emisión». Estos costes están vinculados al Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión y buscan ayudar a cubrir los costos sufragados entre 2021 y 2030.

El reembolso parcial de los costes indirectos de emisión se otorgará a empresas elegibles por los gastos incurridos en el año previo. El desembolso final se efectuará en 2031. La medida también introduce un requisito adicional: los beneficiarios de ayudas superiores a 30.000 euros deben pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días, siguiendo las normativas nacionales.

Evaluación de la Comisión Europea

La Comisión ha evaluado el régimen modificado conforme a las reglas de ayudas estatales de la UE, especialmente en el contexto del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Considera necesario y apropiado respaldar a las empresas con alto consumo de energía, evitando su deslocalización hacia países con políticas climáticas menos rigurosas.

La Comisión destaca que la modificación cumple con los requisitos establecidos en las directrices sobre ayudas estatales en el marco del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión. Subraya, además, que la ayuda se limita al mínimo necesario y no afectará negativamente a la competencia ni al comercio dentro de la UE.

El respaldo de la UE a esta modificación busca mantener la competitividad de las empresas afectadas por los altos costes energéticos. El objetivo es salvaguardar su permanencia en la UE, evitando una posible deslocalización que podría resultar en un aumento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La aprobación de la Comisión Europea marca un paso importante para mitigar los desafíos a los que se enfrentan las empresas de alto consumo energético en España, asegurando un equilibrio entre las preocupaciones ambientales y la competitividad económica en la región.

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