La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, y el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, aprovechan la IX Jornada de Pensiones organizada por Cinco Días e Ibercaja, para reclamar al nuevo Gobierno mejoras en el reglamento que desarrolla la Ley 12/2022 de planes de empleo sectoriales para beneficiar a más pymes y autónomos.

La norma está bien encaminada pero es insuficiente, lo mismo que los incentivos fiscales para esta modalidad de planes de pensiones.

La presidenta de Unespa aplaude el convenio colectivo de la construcción, que contempla planes de pensiones simplificados para 1,4 millones de trabajadores. Y espera que esta iniciativa impulse que otros sectores abran esa vía en la negociación de sus convenios colectivos.

Recuerda que en los dos próximos dos años se negocian la mitad de los convenios sectoriales que existen en España, por lo que hay que aprovechar la oportunidad, con un trabajo previo de información y concienciación por parte de todos los agentes implicados, para que estos planes formen parte de la negociación colectiva.

También propone aumentar el límite anual desgravable que se puede aportar a los planes de pensiones para que los ciudadanos puedan fijar el que les permita tener en el futuro una pensión complementaria adecuada y lograr atraer a los 3 millones de autónomos que hay en España.

Plantea que los trabajadores de sectores que aun no tienen un convenio con plan de pensiones simplificado la posibilidad de ahorrar y llevarse ese ahorro al plan de pensiones del convenio colectivo una vez se constituya «para evitar situaciones de desigualdad».

Por su parte, el presidente de Inverco ha pedido que se informe a los trabajadores de la cuantía de la pensión pública que van a cobrar cuando se jubilen, y propone incentivos no fiscales en la negociación colectiva como la obligación de plantear planes de empleo, pero no de acordarlos.

También pide una campaña de comunicación porque «no puede ser que 7 de cada 10 empresas no sepan que existen estos instrumentos», así como que se elimine la limitación en los planes de pensiones para la Administración y las empresas publicas.

Ángel Martínez-Aldama insiste en que «hay muchas cosas que se podían haber hecho y no se han hecho» y avisa del riesgo de «tener un contenedor estupendo pero vacío». «Tenemos una oportunidad de oro y éste es el momento”, recalca, al tiempo que propone la deducción total de las aportaciones que hacen las empresas a los planes de pensiones de sus empleados.

Tanto Ángel Martínez-Aldama como Mirenchu del Valle reiteran que hay que subir el límite de aportación a los planes de pensiones individuales (ahora , 1.500€) «y dejar que los ciudadanos puedan establecer el importe de aportación para la pensión complementaria que consideren adecuada”.

Quedan cuatro fondos por ir al Registro

La subdirectora general de Promoción de Fondos de Pensiones de Empleo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, Jana Isabel Calvo, asegura que de los 15 fondos de pensiones de empleo constituidos, 11 ya están en el Registro mercantil y quedan solo 4 por inscribirse. Una vez cumplido ese trámite, irán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para incluirse en el correspondiente registro

«Este proceso va a ser inminente», subraya Calvo, que mantiene el objetivo de que en 2030 la mitad de la población activa ocupada esté adscrita a un plan de pensiones de empleo.

El catedrático de Derecho del Trabajo, Gabriel García Becedas, precisa que ese objetivo solo se alcanzará si patronales, sindicatos y, sobre todo, el Estado se movilizan. La Administración debe dar ejemplo poniendo en marcha planes de pensiones de empleo en el sector público.

Luis Miguel Carrasco, director del Grupo Financiero de Ibercaja Banco, destaca que apenas hay 87.000 millones€ en planes de pensiones individuales y 35.000 millones en los de empleo, «un volumen clarísimamente insuficiente».

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, resalta el “nuevo orden mundial, que tiende a la desglobalización, y que hará que tenga mayor importancia el ahorro nacional”. Y el inicio de la jubilación de la generación de los baby boomer, la más numerosa de la historia de España, “que va a tensionar aún más el sistema de pensiones públicas”. Además. España tiene una deuda y un déficit fiscal muy elevados, y necesita «inversores institucionales, como los planes de pensiones, que los financien”. Para ello, se requiere seguridad jurídica: “Necesitamos unas leyes estables».

En la jornada intervinieron además Amanda Mars, directora de Cinco Días y de El País Economía;  Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja Banco; María Francisca Gómez-Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; Juan Linares, director de Asesoría Fiscal de Ibercaja; Miguel Moreno Mendieta y Raquel Pascual, periodistas de Cinco Días; Javier Sánchez, director general de ETS Management Factory; y Daniel Toledo, subdirector de Cinco Días.