En el marco del 14ºAuditMeeting, que organiza cada año el Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado en materia de auditoría del Consejo General de Economistas de España (CGE)–, se ha presentado el estudio Análisis del nivel de transparencia económico-financiera de las entidades locales y sus entidades dependientes, que ha sido elaborado por el Servicio de Estudios y por el Comité del Sector Público del CGE –con la colaboración y la supervisión técnica del REA.

El informe analiza (por áreas de información y tramos de población) el nivel de transparencia económica-financiera de todas las entidades locales españolas y de sus entidades dependientes (organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de propiedad íntegramente de la entidad local), tomando como referencia aquellos aspectos relativos a la información económico-financiera que parecen recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El trabajo incluye los 149 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España y todas las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, subraya que “la rendición de cuentas ha sido históricamente una obligación de las administraciones de las sociedades democráticas; ahora bien, un sistema de rendición de cuentas no puede considerarse efectivo y completo si no viene acompañado de la divulgación y publicación de la información, es decir, de transparencia de la gestión, estableciendo mecanismos para que la información pueda llegar a cualquier parte interesada”. “Para que la sociedad pueda llevar a cabo una correcta evaluación de las políticas públicas se necesita, en primer lugar, tener información clara y transparente sobre los entes que las aplican”, insiste.

«La implantación de la Ley de Transparencia ha tenido un impacto en la información publicada por las entidades locales, pero todavía existe mucho margen de mejora, especialmente en los ayuntamientos de menor tamaño; parece, por tanto, que todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de transparencia económica y financiera que serían deseables y que requerirá de un esfuerzo en los años venideros», subraya.

El presidente del REA-CGE, Emilio Álvarez, destaca que, pese a toda la regulación existente, “todavía hay muchas entidades que no publican las cuentas anuales en sus páginas web, y además el porcentaje de entidades que acompañan informe de auditoría de las mismas todavía es inferior, lo que parece que señala una ausencia de los mismos, con las implicaciones que sobre la imagen fiel esto supone”.

Los codirectores del informe, Salvador Marín e Isabel Brusca, coinciden en que “conforme disminuye el tamaño de los ayuntamientos, medido por su población, lógicamente disminuye también el Índice de Transparencia Económico-Financiera, y con ello el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia». «El nivel medio de transparencia hay que calificarlo de bajo incluso en los ayuntamientos de mayor tamaño (publican en torno al 66% de los ítems analizados). Los municipios de menos de 1.000 habitantes, en términos medios tienen un Índice de Transparencia y Accesibilidad del 20%”, subrayan.

• Información sobre contratación, convenios y subvenciones: es la que alcanza mayores porcentajes en todos los tramos de población, aunque sin llegar en ningún caso a valores máximos, dado que en algunos casos simplemente se pone el enlace a la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero sin información directa sobre el municipio. Dentro del área de contratación, hay mayor cumplimiento en la información relativa a los contratos que la correspondiente a convenios y subvenciones, especialmente en los tramos de menor tamaño. El área con mayor nivel de transparencia es la de contratación, con una media del 78,64%, si bien se muestran grandes diferencias entre comunidades.
• Información económica (cuentas anuales) y presupuestaria: no todas las entidades, ni siquiera las de mayor tamaño, publican sus cuentas anuales en la página web. En muchas ocasiones las entidades ponen el enlace al portal de rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas, con acceso directo a las cuentas de la entidad. Esto facilita el cumplimiento de la obligación de publicar las cuentas anuales, aunque en este caso a través de un procedimiento indirecto.
• Información sobre auditoría: es la que tiene menores porcentajes para todos los tramos de población. La publicación de las cuentas anuales no va siempre unida a la publicación de informes de Auditoría en los que se garantice el cumplimiento de la imagen fiel. De hecho, solo un porcentaje muy pequeño hace referencia a la fiscalización del Tribunal de Cuentas o de los Órganos de Control Externo.
• Información institucional (declaración de bienes altos cargos):Otra área en la que se observan porcentajes altos en los tramos de mayor población. Pero hay cierta heterogeneidad en la forma de presentar y el grado de alcance.la información relativa a las declaraciones de bienes y derechos de altos cargos y las retribuciones de los representantes políticos. En el área de información institucional, la información sobre retribuciones de altos cargos es la más difundida, si bien puede observarse el descenso en el porcentaje de entidades que informan de esta área conforme desciende el tamaño poblacional de las entidades, de forma que en los de menor tamaño prácticamente se incluye en un número muy reducido de entidades.
• Información sobre organización, capacidad y calidad de servicios públicos: Otra área en la que se observa bajo nivel de transparencia es en la relativa a la calidad de los servicios prestados. En la información relativa a la organización de la entidad y su capacidad y calidad de prestar servicios, puede observarse que todas las entidades publican la relación de bienes inmuebles propiedad de la entidad. Asimismo, un elevado porcentaje cumple con la obligación de publicar la relación de puestos de trabajo. Por último, en línea con lo observado para los ayuntamientos, desciende el porcentaje de entidades que informa sobre la calidad en la prestación de los servicios (en los municipios de menos de 20.000 habitantes, dicha información es omitida prácticamente por casi todas las entidades estudiadas), aunque en el caso de las Diputaciones dicho porcentaje se eleva al 63,75%, muy superior al de los ayuntamientos.
• Principios técnicos (accesibilidad al portal de transparencia): La existencia de portales de transparencia está prácticamente generalizada a todas las entidades territoriales y provinciales, aunque hay municipios de menos de 5.000 habitantes que no tienen portal de transparencia, especialmente los de menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, el hecho de disponer de portal de transparencia en absoluto implica que las entidades sean transparentes, dado que en muchos casos están desactualizados y/o sin la información requerida. En relación con los principios técnicos, puede constatarse que los portales de transparencia son accesibles y cuentan con la información de una forma estructurada y fácil de encontrar en la mayoría de los casos, especialmente los de tramos de menor tamaño, dado que cuentan con páginas web muy similares entre ellas y el área de transparencia es soportada por alguna empresa de gestión pública. Por último, hay que señalar que todavía queda bastante que avanzar en el tema de la reutilización de la información, y solo el 22,82% de los ayuntamientos de mayor tamaño publican información en formatos que pueden ser reutilizados.
• Análisis del nivel de transparencia: Para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, se aprecia que los ayuntamientos que pertenecen a Cataluña, País Vasco y Murcia son los que mayor transparencia media presentan (superan el 80% en el índice global) y les siguen los ayuntamientos de La Rioja, Canarias y Castilla-La Mancha (entre el 70% y el 75%). En el resto de CCAA, la mayoría se situaría en la horquilla del nivel de transparencia del 60%-69%, a excepción del caso de Cantabria y de Extremadura, que arrojarían los valores más bajos, pero que en ambos casos contienen un bajo número de entidades. País Vasco está por encima de la media nacional, y le siguen muy de cerca los ayuntamientos de Murcia, Cataluña y Canarias
• Transparencia en Entidades dependientes: Prácticamente todas las Entidades Públicas Empresariales dependientes de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes disponen de portal de transparencia, mientras para el resto de los tramos estas entidades no tienen portal de transparencia, ni para el caso de las Diputaciones, Consejos o Cabildos. En los organismos autónomos y las sociedades mercantiles la situación es bastante dispar: en los ayuntamientos de mayor tamaño son las sociedades mercantiles las que disponen en mayor porcentaje de portal de transparencia, mientras que en los tramos de menor tamaño ocurre al contrario. Los resultados constatan que la transparencia de las entidades dependientes correspondientes a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes está por encima de las pertenecientes al resto de tramos de población, alcanzando prácticamente el 50% en los dos indicadores y supera los niveles de transparencia de los entes dependientes de las Diputaciones, Consejos y Cabildos. Asimismo, se observa que los entes dependientes de los tres tramos más pequeños muestran un nivel de transparencia muy bajo, inferior al 10%, siendo para los dependientes de los ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 ligeramente superior, pero también muy bajo.
• Transparencia en las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares: los Cabildos tienen el nivel de transparencia superior, aunque muy parecido al de las Diputaciones Provinciales (79,46% y 78,73%). En los Consejos Insulares, el nivel de transparencia global desciende al 40,63%, y la única área que supera el 50% es la relacionada con la información sobre contratación. Si se comparan los niveles de transparencia en las distintas áreas analizadas, se observa que es la información relativa a contratos, subvenciones y convenios la que recibe mayor atención en las tres entidades, aunque en el caso de los Consejos no llega al 60%. Seguidamente aparece la información de carácter institucional, correspondiente a la retribución de altos cargos y declaraciones de bienes de los representantes locales, a excepción de los Consejos, donde el nivel medio es solo del 25% y por tanto algunas de las entidades no incluyen esta información en sus páginas web. En la información económica y presupuestaria, los niveles de Diputaciones y Cabildos son también similares, quedando muy por debajo los Consejos Insulares. Por otro lado, mientras los Cabildos divulgan en mayor medida que las Diputaciones información sobre auditoría, las Diputaciones destacan más por la difusión relacionada sobre los aspectos relacionados de los servicios públicos y la aplicación de los principios técnicos. En definitiva, los resultados constatan que las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos son los entes locales con mayor nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, e incluso en algunos casos prestan apoyo a los propios entes territoriales del ámbito provincial.