Mientras el conflicto político de la amnistía abre un nuevo frente en Bruselas, las
derivas del proyecto de ley del gobierno para borrar el “procés” y los pactos de Sánchez con los independentistas catalanes se extienden también al ámbito de la economía, donde la incertidumbre política resultantes ha generado inquietud e inseguridad entre los inversores internacionales hasta el punto de que ahora ven a España como el país menos atractivo para sus operaciones de inversión.

Los resultados de la encuesta realizada por Bank of America entre grandes inversores,
que evalúa las opiniones de 265 gestores de activos a nivel mundial, con un patrimonio
conjunto de 632.000 millones de dólares, revela que tras la reciente aprobación del
proyecto la ley de amnistía por parte del PSOE, en colaboración con Junts y ERC y los
pactos con SUMAR para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y la formación del
gobierno, España ha pasado a ser la última elección entre los mercados de renta variable favoritos para invertir en los próximos doce meses.

Este cambio contrasta con la visión más positiva de los inversores a principios del
verano, cuando España era considerada una de las dos mejores economías para invertir, y viene a corroborar las palabras de los directivos de MSC para justificar la paralización de proyectos de inversión por 90 millones en el Puerto de Valencia. “No es fácil defender las inversiones en España cuando salen grandes empresas diciendo que se van”, afirmaron, en línea con el comunicado de la CEOE, tras analizar los pactos contra natura de Pedro Sánchez para conseguir su investidura, en el que la cúpula de la organización empresarial advertía de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que es difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo.

Un aviso que materializaban los directivos de Repsol cuando, siguiendo la línea marcada por Ferrovial confirmaban la paralización de cinco proyectos de interés primordial para la transición energética que, en conjunto, sumaban una inversión mínima de 3.000 millones de euros e incluyen los dirigidos a la producción de hidrógeno y valorización de residuos urbanos.

Retirada esta en la entrada de capitales productivos y de proyectos de inversión que
tiene graves repercusiones sobre el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo y que, entre otras causas, obedece al clima de inestabilidad política, la inseguridad jurídica, al endurecimiento de las condiciones financieras y la ralentización de la actividad económica. Razones a las que The National Bureau of Economic Research añade el cóctel de impuestos al que están sometidas las empresas, que empuja a España a la cola de Europa en competitividad fiscal.

En plena batalla por captar inversión extranjera, nuestro país se presenta como uno de
los socios menos atractivos y fiables de la UE, y acusa las consecuencias de la elusión
fiscal. De hecho, los efectos de la huida ya se han dejado notar en la recaudación.
España deja de recaudar una media de 4.300 millones de euros por la fuga de beneficios de las multinacionales a los paraísos fiscales y países con una tributación más baja que la española.

Recordar aquí que la presión fiscal en España (ingresos tributarios en relación con el PIB) alcanzó cifras récord en 2022, superando el 42% del PIB por encima del promedio de la UE que fue del 41,7%, con el añadido de que algunas de las principales economías europeas están bajando impuestos. Así, Alemania ha rebajado
temporalmente el IVA y ha anunciado una reducción del peso de las cotizaciones
sociales sobre los salarios; tendencia seguida en Estados Unidos, Francia e Italia, donde las medidas fiscales anticrisis han estado marcadas por el rechazo a subir impuestos y la voluntad de crear un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida.

Añadir a esto, el aumento de la carga tributaria que supone la reforma de las pensiones y que supone un incremento de entre el 7 y el 9% en los costes laborales, con el perjuicio consiguiente en la competitividad de las empresas españolas, y la reforma de Sociedades que figura en los acuerdos entre el PSOE y Sumar para que las empresas tributen por la facturación y no por los beneficios. Esta es la “certidumbre” y la “previsibilidad” que prometía Pedro Sánchez en la clausura del Congreso del décimo aniversario de Multinacionales con España. Como para fiarse. Y menos sabiendo el nulo valor y la ninguna credibilidad que tiene su palabra.