Repasaba, coincidiendo con el 45 Aniversario de nuestra Constitución, y a la vista de las omisiones, ofensas y agresiones que sufre hoy por parte del gobierno que debería
defenderla y de sus socios enemigos de España y de las libertades democráticas, el libro de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en el que bajo el título de ‘Cómo mueren las democracias’ alerta sobre la debilidad de los sistemas democráticos para protegerse de esos políticos que si alcanzan el poder erosionan los usos y costumbres democráticos. Un aviso que, casi sin querer trasladaba mi intuición y pensamientos a los más que preocupantes síntomas de envenenamiento por odio y
perversión que sufre la democracia española encarnada y garantiza por nuestra Carta
Magna y el sistema político derivado de la Transición.

Síntomas de empozoñamiento que se han transformado en graves manifestaciones de una enfermedad que amenaza con erosionar los fundamentos de nuestro sistema de
libertades, de la economía mercado y del Estado de Derecho, a través del asalto por el
Ejecutivo de las principales instituciones independientes del Estado, en un claro intento
de acabar con la división de poderes, principio esencial de las democracias.

Una evidencia más del ramalazo de autoritarismo dictatorial que caracteriza a Pedro
Sánchez y su gobierno socialcomunista que inició con el CIS, junto a la Fiscalía General del Estado la nómina de instituciones ocupadas, y a las que siguieron el Congreso de los Diputados el Tribunal de Cuentas y el CNI, para ampliar el inventario con Indra,  el Instituto Nacional de Estadística INE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y lo que es más grave el Tribunal Constitucional.

Decía el diplomático y ex embajador ante la ONU, Inocencio Arias, que estamos
viviendo días de infamia. Días en los que, la inmensa mayoría de los españoles vivimos
humillados y ofendidos por un presidente, Pedro Sánchez, y un gobierno que se ha
convertido en el felpudo de los golpistas catalanes, carente de toda dignidad y que nos
vende, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, por el plato de lentejas de una
investidura que no gano en las urnas y que si se consigue no es por el bien de España,
sino por el bien particular del inquilino de La Moncloa y de la pléyade de estómagos
agradecidos que le deben hacienda y posición.

Días en los que un prófugo de la Justicia se convierte en el amo de España y el auténtico jefe de un gobierno que se arrodilla, le concede todos sus deseos y burlando la legislación vigente amnistía a delincuentes, golpistas y malversadores firmando un
acuerdo que es un atentado contra la Constitución, contra la democracia, contra España y contra los españoles.

En vista de todo esto, quizás deberíamos empezar todos a darnos cuenta, y especialmente los partidos democráticos y las instituciones que todavía resisten, que lo que está en juego no es sólo el prestigio de España, que también, sino y principalmente los derechos y libertades de cada uno de los españoles y la separación de poderes como pilar básico y garante de la democracia.

Como señalan los citados Levitsky y Ziblatt en su ‘Cómo mueren las democracias’,
«deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: rechaza, ya sea de palabra o
mediante acciones, las reglas democráticas del juego; niega la legitimidad de sus
oponentes; tolera o alienta la violencia; o indica su voluntad de restringir las libertades
civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación».

Cualquier parecido con la realidad de hoy, aquí y ahora, no parece mera coincidencia.