El conseller d´Economia, Andreu Mas Colell, explicó en el Parlament que la Generalitat aplica el “cierre de cajas transitorio” reteniendo las cotizaciones de la Seguridad Social porque considera prioritario pagar antes a los proveedores. Aseguró que con ello sólo pretenden ganar un poco de tiempo y que ello les permitirá “pasar unas semanas”. Estos desequilibrios se deben a la negativa del gobierno socialista de pagar los acordados 759 millones comprometidos y presupuestados por el Gobierno central contemplados en el Estatut por obras de infraestructuras. Ello ha desequilibrado la balanza fiscal catalana.

Asimismo  Mas Colell pidió asumió la responsabilidad de no haber informado a los funcionarios del descuento del IRPF de la paga extra en la nómina del mes de diciembre, paga que sólo cobrarán parcialmente a finales de este mes. Presentó sus excusas a los funcionarios, pero justificó esta merma en sus ingresos para evitar a los trabajadores públicos tener que hacer una declaración de renta complementaria, dado que la paga la cobrarán en enero. Los representantes de los funcionarios han presentado recurso  por apropiación indebida.

También se hizo público el barómetro del Centre d´Estudis d´Opinió y por primera vez los catalanes suspenden, con un 4,96,  la gestión del Govern, mientras el 49% de los consultados desaprueba la acción de la Generalitat.

Los recortes es lo que provoca un mayor malestar en los ciudadanos y a la regunta sobre los campos que no pueden ver disminuidas sus prestaciones el 60% señalan la gestión sanitaria y el 20% las pensiones. Sobre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, el paro se lleva el 67% de las respuestas de los consultados, seguido del el funcionamiento de la economía (36,3%) y aparece por primera vez, y en tercer lugar, la sanidad con un 25,8% de los consultados.

El diputado de CiU en el Parlament, Ramon Espadaler, consideró lógicos estos resultados, dada que la política de los recortes no hace especialmente simpática la gestión del gobierno, “pero a veces hay que tomar decisioens ingratas”.

Por otra parte el Parlament aprobó ayer el tercer paquete de medidas de la llamada “ley ómnibus” que pretende adelgazar los órganos de gobierno y adelgazar la administración, reduciendo la burocracia. Ello lo sacó adelante en buena parte gracias a la abstención del PP, pese al malestar existente en el partido por el voto de CiU en el Congreso contra la investidura de Rajoy. Sin embargo una larga reunión entre Artur Mas y la presidenta de los populares catalanes, Alícia Sánchez Camacho, acompañadas de declaraciones conciliadoras del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha propiciado que el PP, con su abstención, permitiera la aprobación de una parte importante del articulado. Cuando los populares se opusieron fueron los socialsitas o ERC los que permitieron su aprobación. Lo más significativo de cara a la aprobación de los presupuestos catalanes es que las relaciones entre nacionalista y populares se han normalizado