Cualquier crítica al sistema judicial español levanta ampollas entre los afectados. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte fue contundente reclamando que “por favor déjenos en paz”. Antes todos los estamentos del poder judicial salieron en tromba en criticar la denuncia que hizo – con nombres y apellidos – la diputada de Junts en el Congreso Miriam Nogueras sobre el presunto mal uso de la justicia que han hecho determinados jueces.

España no hay duda que es un estado democrático pero uno de los tres poderes del Estado no lo controla nadie. El Gobierno se ha de someter al mandato del Congreso y éste al de las urnas. En cambio nuestro sistema judicial no tiene más control que el que ejercen los mismos jueces, con un significativo grado de cooperativismo.

Es curioso que las críticas que destacados juristas así como no pocas instituciones internacionales empezando por la misma ONU no han servido para que los responsables del poder judicial abrieran el más mínimo debate sobre las posibles irregularidades que estas personas u organismos han realizado. La misma resistencia del PP para renovar los cargos de los altos organismos de la judicatura da pie a la famosa frase del diputado del PP Ignacio Cosido que “con Llarena controlamos la sala segunda del Supremo por atrás”. No es extraño que en los barómetros del CIS la justicia cada vez es menos valorado por los españoles y seis de cada diez ciudadanos consideraban que el sistema judicial estaba muy politizado y que no era independiente.

Se quejan del “efecto devastador” que tienen los “frecuentes e injustos intentos de deslegitimar el podre judicial” cuando con demasiada frecuencia se deslegitiman ellos solos con su sesgada interpretación de algunas leyes (según quien sea afectado difiere considerablemente la valoración que hacen de delito de odio y la libertad de expresión) y con la invasión de unas competencias que no les corresponden, como el de entrar de lleno en la actividad política, vetando debates en los plenos o invalidando leyes aprobadas por referéndum.

Ahora cuando se pretende investigar los posibles casos de “lawfare” los magistrados saltan indignados por que como osan los elegidos por el pueblo investigar sus actuaciones, sus juicios y sus veredictos. Muestran una oposición radical a que nadie se inmiscuya en sus asuntos apelando a una separación de poderes que con demasiada frecuencia ellos mismos están lejos de practicar.

Parece evidente que el sistema judicial español necesita una urgente y profunda reforma, desde el sistema de acceso a la carrera (que ya es una selección de los posibles candidatos por motivos económicos), los temas que se estudian que no pueden se únicamente memorísticos, hasta los sistemas de promoción de cargos pasando por crear organismos independientes con capacidad para controlar sus actuaciones y sus hipotéticas irregularidades y regulando un sistema que impida a un partido boicotear la renovación de los cargos.

El problema es grave, pero quien le pone el cascabel al gato.